En paralelo, las denunciantes también acudieron a la vía civil. En el primer trimestre de 2023, la Fiscalía archivó el caso por prescripción de los hechos denunciados. Más tarde, cuando una de las jóvenes expresó su desacuerdo con esa decisión, el nuevo administrador apostólico, monseñor Guillermo Cornejo, reabrió el caso a nivel eclesiástico y volvió a remitirlo al mismo Dicasterio. “Concluida la investigación con los testimonios proporcionados, el expediente fue enviado nuevamente... quedando hasta el momento el caso abierto”, aclara la diócesis.
Respecto a otros señalamientos contenidos en el comunicado de SNAP, como la supuesta tolerancia de Prevost hacia un sacerdote acusado en Chicago en el año 2000, la Diócesis de Chiclayo no se pronunció por no estar bajo su jurisdicción. No obstante, sí negó con énfasis que Vásquez haya admitido los abusos, y calificó como falsa la afirmación de que la Iglesia “no hizo nada” para investigar. “NO CORRESPONDE A LA VERDAD lo que se menciona en el programa al afirmar que ‘la Iglesia no ha hecho nada para investigar’”, subraya el documento en mayúsculas. También desmiente que se haya impedido a las víctimas acudir a la justicia civil.
El comunicado añade que el reportaje de Cuarto Poder incurre en una “falta de transparencia” por omitir detalles fundamentales, como las medidas adoptadas, los traslados del sacerdote denunciado y la existencia de una segunda fase investigativa abierta tras el reclamo público de una de las denunciantes. “Finalmente, el Obispado de Chiclayo hace un llamado al programa Cuarto Poder para que rectifique la información publicada en busca de la primacía de la verdad en su labor periodística”, concluye la carta firmada por el padre Fidel Purisaca, director de la oficina de comunicaciones.
A pesar del impacto mediático de las acusaciones, no hay evidencia documentada que respalde la narrativa de encubrimiento. Hasta la fecha, las acciones de Prevost como obispo de Chiclayo se ajustaron a los procedimientos establecidos por el derecho canónico, incluyendo el envío del caso a Roma y la aplicación de sanciones preventivas. SNAP, por su parte, ha insistido en la necesidad de una comisión global independiente, pero no ha presentado nuevas pruebas que contradigan lo que la diócesis ha documentado.
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