‘Hasta el cuello’. Así describen su situación comerciantes, empresarios, líderes y la comunidad en general de El Zulia, quienes deben atender  el pago de los impuestos legales, más las vacunas a los extorsionistas, convirtiéndose estas últimas en una carga que pone en riesgo no solo sus negocios, sino sus vidas.

El fenómeno extorsivo comenzó en septiembre de 2024 con la llegada de la disidencia de las Farc a la zona rural del municipio metropolitano.

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Sin embargo, la situación se agravó cuando al cobro de ‘vacunas’ se sumaron el Ejército de Liberación Nacional (Eln), los extintos Pelusos —que en realidad serían bandas criminales locales— y, según algunas víctimas, incluso uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta en casos esporádicos.  Pero fue la escalada del conflicto armado lo que recrudeció el panorama. Para los afectados, los últimos 60 días han sido los más asfixiantes que han vivido.

En un trabajo de campo, La Opinión conversó con los diferentes sectores perjudicados, logrando recopilar testimonios de casos específicos que serán expuestos en este informe especial.

El alto precio de operar en El Zulia: cifras de la extorsión

Para comprender la magnitud de la crisis en El Zulia, es necesario hablar de cifras y del impacto que los cobros extorsivos tienen sobre los diferentes sectores económicos, especialmente en el corredor vial entre El Zulia y La Ye de Astilleros.

Las ferreterías son uno de los sectores más afectados. Para evitar represalias contra sus negocios, deben pagar una ‘vacuna’ mensual que varía según el tamaño de la infraestructura. Las cuotas oscilan en un millón de pesos, repartidos entre tres grupos armados: disidencias de las Farc, el Eln y los presuntos Pelusos.

Los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas también están en la mira. Cada 15 días deben entregar entre $500.000 y un millón de pesos a estos grupos.

El sector carbonero enfrenta un cobro de $2.000 por tonelada del mineral extraído. Aunque la cifra parece baja, cuando se suman los volúmenes de producción de cada empresa, los pagos pueden llegar a entre $10 millones y $25 millones  mensuales. Para asegurar el control, los grupos armados infiltran personas en cada patio de carbón, quienes monitorean todos los movimientos y reportan ingresos como si de un puesto de control se tratara. Además, clasifican a las empresas en niveles A, B y C según la cantidad de patios o minas que posean, determinando así la cuota de pago.

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“Por el conflicto armado, el grupo más fuerte es el Eln. Es una organización inteligente, muy meticulosa con los cálculos. Saben quiénes pagan y quiénes no. Y al que no paga, le aplican el ‘código de conducta’…así le llaman a la sanción que implica interrumpir la operatividad”, relata una de las víctimas.

Las tiendas tampoco escapan de la extorsión. Sus pagos mensuales oscilan entre los $300.000 y $500.000 dependiendo del volumen de ventas. Ahora, la cuota se calcula por unidad vendida: 500 pesos por cada litrón de cerveza o gaseosa. Y el castigo por no pagar es inmediato. Primero, un ‘llamado de atención’ a los 15 días del primer cobro; luego, a los 20 días, el cierre del negocio por diez días. Si el pago sigue sin realizarse, el establecimiento es cerrado de manera definitiva.

Los vendedores de leche también enfrentan el flagelo de la extorsión. Cada litro vendido les cuesta 200 pesos en ‘vacuna’, lo que al mes suma al menos dos millones de pesos.

Pero la lista sigue. Arroceros, estaciones de servicio, restaurantes, droguerías y prácticamente ningún sector económico escapa de estos cobros ilegales que asfixian la economía local y ponen en riesgo la vida de quienes intentan resistirse.

Los grupos armados citan a reuniones

Cuando la disidencia de las Farc o el Eln llegan a un nuevo territorio, su primer movimiento es citar a una reunión con la comunidad y los sectores económicos estratégicos.

La más reciente de estas reuniones ocurrió en medio del conflicto armado, en el corregimiento Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

Según los relatos, el encuentro comenzó a las 7:00 de la mañana, cuando un grupo de personas partió desde La Ye de Astilleros, escoltado por un ‘guía’.

Este los condujo hasta el primer filtro de seguridad, donde fueron registrados y vigilados por un anillo de cuatro hombres armados, quienes posteriormente los llevaron al segundo punto de control. Allí, les confiscaron los celulares, dejándolos completamente incomunicados.

El recorrido continuó bajo la supervisión de nuevos ‘guías’, hasta llegar al tercer filtro, donde los esperaban los comandantes de la organización. Fue en este punto donde se llevó a cabo la reunión.

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Una vez finalizado el encuentro, cada asistente fue remitido con el responsable financiero del grupo, quien estableció el monto exacto del ‘impuesto de guerra’ que debían pagar. Además, en este proceso les revisaron antecedentes, conexiones personales y actividades económicas, evaluando a detalle su perfil.

El protocolo de salida fue idéntico al de llegada: escoltados nuevamente a través de los mismos filtros, hasta que finalmente fueron dejados en el mismo lugar de donde salieron, ya entrada la noche, cerca de las 7:00 de la noche.

Lo que más llama la atención de quienes han asistido a estos encuentros es que, a lo largo del trayecto, no se observa presencia alguna de la Policía ni del Ejército, a pesar de que estos grupos armados transitan sin restricciones por la zona.

¿Son Los Pelusos o  bandas criminales?

Las bandas criminales locales están operando de manera distinta a los grupos armados organizados, haciéndose pasar por presuntos miembros de Los Pelusos o del Ejército Popular de Liberación (Epl) para extorsionar a la población.

Según las víctimas, estas estructuras estarían aprovechando que los grupos armados no usan prendas alusivas a su organización, sino que se movilizan vestidos de civil, lo que impide a la comunidad distinguir entre delincuentes y guerrilleros.

Conociendo el modo meticuloso de operar de la guerrilla, estas bandas han replicado sus tácticas para sembrar el miedo.

A diferencia de los grupos armados, que convocan reuniones para presentarse en un territorio, estas bandas criminales hacen sus exigencias por llamadas telefónicas.

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En ellas, informan a la víctima que son Los Pelusos, la cantidad de dinero que deben pagar y quién recogerá el dinero.

Bajo amenazas, las víctimas terminan accediendo al pago con el fin de proteger sus vidas y sus negocios.

Sin embargo, su accionar es más violento. En zona rural de El Zulia, una comerciante con un billar y una tienda fue atacada por hombres encapuchados y armados. Le robaron dos millones de pesos, la golpearon, la ataron de pies y manos y la dejaron amarrada a un árbol.

Los grupos armados han identificado a varias de estas personas que, además de hacerse pasar por el Epl, también utilizan los nombres de la disidencia de las Farc y el Eln para delinquir.

Como resultado, en diciembre del año pasado, dos jóvenes que se movilizaban por la vía La Ye de Astilleros–Sardinata fueron asesinados, presuntamente, por el Eln tras descubrir que se hacían pasar por guerrilleros para extorsionar.

De igual forma, el asesinato de Miguel Castillo Sandoval el pasado 9 de marzo en zona rural de El Zulia estaría relacionado con un ajuste de cuentas del Eln. Se dice que Castillo extorsionaría a grandes empresas como Postobón, Coca-Cola y Bavaria a nombre del grupo armado, por lo que, presuntamente, le hicieron un seguimiento y lo ejecutaron.

Además de las extorsiones, estas bandas también afectan a los comerciantes de otra manera. Llegan a establecimientos comerciales, consumen bebidas alcohólicas y alimentos como arroz, lentejas y frijoles, y al momento de pagar, simplemente dicen que lo anoten “a nombre de los comandantes” antes de retirarse, generando grandes pérdidas económicas para los negocios.

Incluso, recientemente se han repartido panfletos de extorsión en diferentes zonas del corredor vial, pero los afectados han identificado que no provienen de la guerrilla, sino de estas bandas criminales que buscan infundir temor para continuar con sus actividades ilícitas.

Han cerrado los negocios

El accionar de los tres actores armados que están sembrando temor en la población ha llevado a que la comunidad se sienta asfixiada y obligada a cerrar sus establecimientos comerciales.

La presión ejercida por estas estructuras ilegales ha hecho que el miedo y la incertidumbre se apoderen de comerciantes y trabajadores, quienes ven cada día más difícil sostener sus negocios sin poner en riesgo su integridad.

Uno de los sectores más golpeados es el de las droguerías. Los grupos armados no solo exigen pagos mensuales, sino que también ingresan a los establecimientos y se llevan medicamentos, insumos y hasta al personal, a quienes obligan a atender a sus heridos en combate sin ofrecer ningún tipo de compensación.

Esta situación ha convertido a las farmacias en un blanco recurrente, dejando a los propietarios sin otra opción que cumplir con las exigencias o cerrar definitivamente.

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Pero no son las únicas afectadas. Otros comercios, desde tiendas hasta restaurantes, también sufren el mismo destino. Bajo la excusa de que es una “contribución” al proceso, los grupos armados se apropian de productos como alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad.

En algunos casos, los comerciantes no solo pierden mercancía, sino que también son amenazados con represalias si se niegan a colaborar.

Ante este panorama, el éxodo de empresarios y empleados se ha vuelto inevitable. La falta de garantías de seguridad y la imposibilidad de operar con normalidad han obligado a muchas familias a abandonar el municipio. En las últimas semanas, al menos cinco establecimientos han cerrado sus puertas definitivamente, sumándose a la creciente lista de negocios que han tenido que cesar actividades para evitar convertirse en nuevas víctimas de la extorsión y el abuso.

Graves denuncias

Además de los llamados ‘impuestos de guerra’ que los grupos armados imponen a la fuerza, las víctimas aseguran que deben afrontar otras dos obligaciones económicas de ley.

Por un lado, está el pago anual a la Alcaldía municipal, un requisito que, como en cualquier otro municipio, los comerciantes deben cumplir. Aunque estas cuotas son mínimas en comparación con las exigencias ilegales, sumadas a las demás cargas económicas, que representan un peso adicional para quienes intentan mantener sus negocios a flote.

Sin embargo, lo más alarmante son las denuncias sobre la supuesta complicidad de algunos uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a quienes atribuyen un ‘quinto tributo’ que, esporádicamente, algunas personas deben pagar.

Según los relatos de las víctimas, la confianza en la Policía se ha desmoronado. Aunque respetan a los uniformados, aseguran que no los buscan para protección porque su accionar no refleja el papel que deberían desempeñar.

Algunas víctimas han señalado que los mismos integrantes de los grupos armados advierten en sus reuniones: “ni se les ocurra denunciar porque en la misma institución tenemos aliados”.

Uno de los casos que generó mayor conmoción ocurrió en octubre del año pasado, cuando un ataque con explosivos cobró la vida de dos policías en la trocha La Unión, en la Ye de Astilleros. En su momento, se habló de una posible emboscada, pero los relatos de la comunidad de El Zulia dieron otra versión: los uniformados acudirían frecuentemente a ese mismo lugar a cobrar una ‘cuota’ a los carboneros. Supuestamente, ese día iban por lo mismo, pero el Eln, al enterarse de lo que estaban haciendo, los habría esperado para cometer el doble crimen.

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Más recientemente, se conoció el caso de un comerciante al que, presuntamente, un policía le exigió un millón de pesos por no cerrar su establecimiento en el horario establecido y por la falta de un documento en regla.

La situación ha generado indignación, porque hay uniformados que llevan más de cuatro años en las jurisdicciones de El Zulia y la Ye de Astilleros, lo que, según denuncias de la comunidad, les ha permitido convertirse en ‘intocables’ y entrar en un círculo de complicidad.

“Para acá están enviando uniformados castigados, con problemas, con resabios, gente que no sale a hacer patrullajes porque tienen problemas mentales, problemas de pareja, entonces no les pueden dar armas de dotación y se convierten es en muñecos”, afirmó un residente de la zona.

Otro hecho que causó indignación –e incluso risa entre los pobladores por el descaro– ocurrió en un puesto de control. Según testigos, a un hombre le encontraron un arma de fuego, pero, como era cercano a uno de los uniformados, le pidieron simplemente que la arrojara más adelante y siguiera su camino. Horas después, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunció el hallazgo del arma como si se tratara de un exitoso operativo.

Instrumentalización de jóvenes

Uno de los aspectos más graves de este conflicto armado es la instrumentalización de jóvenes vulnerables del municipio por parte de los grupos armados, quienes los convierten en informantes y les asignan tareas ilícitas a cambio de dinero.

Esta estrategia ha generado un clima de desconfianza y temor entre los habitantes, quienes optan por el silencio, pues aseguran que no saben en quién pueden confiar. La incertidumbre de no saber si la persona que está a su lado podría perjudicarlos ha llevado a la comunidad a mantenerse en un estado de alerta constante, evitando cualquier señal que pueda delatarlos ante los grupos armados.

No se atreven a denunciar

A pesar de la grave situación que atraviesa este municipio del área metropolitana de Cúcuta, la comunidad ha optado por no denunciar, argumentando cinco razones principales: desconfianza en las autoridades, trámites engorrosos para presentar denuncias, filtración de información que rompe la confianza institucional, el silencio de la administración municipal y la presencia de múltiples actores armados en la zona.

Se ha conocido que, en el marco del Plan Antiextorsión, el grupo Gaula recorre constantemente el sector comercial entregando volantes con números de contacto para denunciar.

Sin embargo, lejos de generar confianza, esta estrategia ha sido vista con escepticismo e incluso con burla, porque muchos comerciantes consideran que está desconectada de la realidad. Algunos, por temor a represalias ni siquiera reciben los papeles para evitar comprometerse.

¿Qué dicen las autoridades?

Desde septiembre, el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) ha intensificado su presencia en El Zulia para combatir la extorsión. Según el mayor Néstor Rodríguez, comandante de esta unidad, en este tiempo han logrado abatir a dos extorsionistas y han avanzado en investigaciones clave contra los grupos que dominan esta actividad delictiva en la zona: el Eln y el Epl.

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“El Epl no es una banda criminal, como muchos creen. Nosotros hemos podido constatar que es una célula activa de ese grupo armado, fortalecida por una estructura en la provincia de Ocaña y que delinque bajo el amparo de la disidencia de las Farc”, explica el mayor Rodríguez.

La presencia de estos actores ha complicado la situación de seguridad, especialmente por la dificultad de acceso a las zonas donde operan, lo que limita la acción de la fuerza pública.

Sobre la actuación del Eln, el oficial señala que este grupo no ejerce la extorsión de manera tradicional, sino que ha impuesto un modelo diferente de control económico.

“Ellos han monopolizado la comercialización de productos en la región. Tienen un centro de acopio donde todos los empresarios están obligados a comprar, asegurándose así el dominio económico”, detalla.

Además, resalta que su disciplina y la forma en que manejan a las víctimas han dificultado que las autoridades logren afectarlos directamente.

Desde septiembre, el Gaula ha investigado 26 casos de extorsión en El Zulia.

“Hemos evidenciado que 12 de estas extorsiones se han dado en entornos digitales y 14 de manera presencial”, precisa Rodríguez.

Sin embargo, el oficial advirtió que la cifra de denuncias sigue siendo preocupantemente baja.

“Este año solo hemos recibido seis denuncias formales. Sabemos que es un número muy bajo comparado con lo que realmente está ocurriendo, pero muchas personas no denuncian por temor o desconfianza”, reconoció.

Pese a esta situación, el Gaula busca generar mayor confianza en la ciudadanía para incentivar las denuncias y lograr más acciones contra estos grupos criminales.

 “Sabemos que no es fácil, sobre todo en una institución tan grande, pero hemos habilitado canales de comunicación seguros para que las víctimas puedan denunciar sin temor. Tenemos la línea de emergencia 123, la línea Gaula 165 y el número de WhatsApp 3232756110 del Gaula Mecuc, que están monitoreados y controlados institucionalmente”, concluye el mayor.

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