Horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciará la instalación de una Zona de Unificación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, entre delegados del Gobierno y representantes de la disidencia de las Farc del frente 33, el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo volvió a manifestarse con una serie de hechos de sangre ocurridos el pasado fin de semana en ese municipio, dejando en tela de juicio a tal estrategia.
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Una nueva masacre; la tercera desde que comenzó el conflicto armado, sacudió a los residentes de barrio Barco en Tibú, con el asesinato de tres trabajadores de carga a las afueras de una vivienda. Más temprano, sobre las 5:00 p.m. del domingo, ya se había presentado otro homicidio en el barrio La Esperanza, con el asesinato de Johan René Sánchez, un trabajador informal del casco urbano, convirtiendo a ese municipio en el epicentro del conflicto.
No paran los muertos
En ese sentido, algunos líderes cuestionaron las medidas optadas por el Gobierno en aras de mitigar la ola de violencia en el Catatumbo, teniendo en cuenta que once días atrás se haya levantado el Estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 0467 de 2025.
Carmen García, directora de la asociación Madres del Catatumbo por la Paz, manifestó la zozobra y el miedo promulgado por el enfrentamiento entre la disidencia e integrantes del Eln infundieron en los residentes de Tibú.
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“La preocupación de nosotros es que están asesinando personas sin estar armadas. Llegan a sus casas, les disparan y los agresores se van sin dejar rastro alguno, lo cual nos genera temor porque nuestros hijos puedan perder la vida en esta confrontación”, precisó García.
La lideresa fue crítica al informar que “el Gobierno ya no se pronuncia, habla de una zona de paz, pero lo que vemos son los muertos y lo peor es que la gente tiene que salir a la calle porque tiene que buscarse el pan de cada día”, dice.
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Una opinión similar es la de Enrique Pertuz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) y presidente del Comité Ejecutivo Consejo Departamental de Paz, Norte de Santander, quien dio varios puntos de vista sobre la situación del Catatumbo.
Frente a las inquietudes de Pertuz, está la de que el Gobierno habló de concentrar los tres bloques del estado mayor central de las disidencias, pero no se está hablando de los tres bloques, sino del Frente 33 solamente.
“¿Es que hay una fractura del bloque del Magdalena Medio donde su comandante es John Mechas? o hay una división porque Calarcá, máximo comandante, no firma el acta del acuerdo de la zona de concentración”, asegura.
Entre las observaciones del experto, se encuentra que el Estado debe abrir el camino del diálogo con el Eln, el cual está suspendido actualmente, así como la socialización de la zona de concertación, “porque tal parece que el Gobierno no conociera el contexto esto de la subregión”.
Lo anterior solo complicará la situación tanto en el Catatumbo como en Norte de Santander, en vista de la poca claridad del Gobierno frente a lo planteado en la paz total para esos territorios.
Y es que desde que inició la ola de violencia en el Catatumbo el pasado 16 de enero, se han presentado al menos 120 homicidios, incluyendo a firmantes de paz, líderes sociales, particulares y menores de edad, de acuerdo con el más reciente PMU publicado por la Gobernación de Norte de Santander, el mismo domingo.
Los desplazados siguen aumentando
Del mismo modo, en su boletín número 99, la Gobernación aclaró que son 65.079 los desplazados, siendo Ocaña, Tibú, El Tarra, Convención y San Calixto los municipios donde más hay personas en dicha condición.
Según la directora de Madres del Catatumbo por la Paz, “todos los días llegan personas desplazadas a Tibú, Cúcuta o Ocaña, siempre llegan familias que vienen provenientes a algún territorio donde hay enfrentamientos”.
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