Cuando la lluvia de la madrugada del martes dio una tregua en Cúcuta, un grupo de personas aún no identificadas aprovechó para ingresar a la fuerza a la sede principal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), ubicada en el barrio Ceiba II.
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Aún no se sabe cuántos fueron, pero lo que dejaron atrás da pistas claras de que no fue solo uno. La puerta principal fue forzada, los computadores estaban encendidos y todo estaba revuelto: gavetas abiertas, papeles en el suelo, incluso en la cocina levantaron cada cajón.
Las huellas de zapatos y manos mojadas quedaron marcadas en el piso y sobre algunas paredes, lo que hace pensar que el robo ocurrió justo después de que cesó la lluvia.
De la sede se llevaron documentos físicos, un computador de escritorio y, según sospechan los miembros de la organización, pudieron haber clonado información almacenada en los equipos, ya que estos no fueron apagados. El nivel de desorden indicaría que los intrusos revisaron con detenimiento cada espacio buscando algo puntual.
A las 8:00 de la mañana cuando se daba apertura a la sede, uno de los trabajadores del lugar se percató del estado en el que se encontraba y no dudó en alertar a la Policía Metropolitana de Cúcuta para que atendiera la situación.
Minutos después arribó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar la inspección técnica del inmueble y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.
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¿Qué hay detrás?
Todo ocurrió apenas dos días antes de que Ascamcat presentara un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el Catatumbo. El documento, titulado “Abracemos al Catatumbo”, recoge los hallazgos de una comisión de verificación que recorrió la región para documentar hechos cometidos por grupos armados ilegales y también por el Ejército Nacional.
Aunque no hay hasta el momento un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales, desde la organización campesina no dudan en vincular este robo con una acción de intimidación.
“Estamos siendo objeto de intimidación y hostigamiento”, denunció Ascamcat en un comunicado, donde también señaló que ha solicitado en reiteradas ocasiones medidas de protección colectiva para su sede, sin obtener respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La organización, que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es reconocida como sujeto de reparación colectiva por el Estado colombiano desde 2022, advirtió que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado.
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“Ascamcat reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y del campesinado del Catatumbo. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien nuestras voces”, indicaron en el documento, donde también recordaron que el presidente Gustavo Petro hizo recientemente unas declaraciones que aumentaron su nivel de riesgo: “Varias de estas organizaciones están permeadas por grupos armados ilegales y subordinadas a las armas”, dijo el mandatario el pasado 3 de marzo durante un Consejo de Ministros transmitido en vivo.
Ese contexto es clave. En los últimos meses, el Catatumbo ha sido escenario de desplazamientos, ataques armados, enfrentamientos y presencia activa de grupos como el Eln y la disidencia de las Farc, además del Ejército Nacional. Ascamcat y otras organizaciones se trasladaron a diferentes municipios para levantar testimonios sobre lo que ocurre en las zonas rurales y el informe que estaba por ser presentado este jueves hace alusión directa a esas violaciones.
Por eso, el ingreso a su sede dos días antes genera sospechas. A la espera de los resultados de la inspección del CTI y del avance de la investigación, en Ascamcat no descartan que este episodio tenga relación con su labor de denuncia.
Hasta el momento no se ha informado si el lugar contaba con cámaras de seguridad que hayan captado el ingreso ni se han confirmado pistas sobre los autores del hecho. Mientras tanto, crece la preocupación por la seguridad de quienes integran esta y otras organizaciones sociales que siguen documentando las consecuencias del conflicto armado en el nororiente colombiano.
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