La Unión Temporal Nacional de Peajes (Utpn) encajó un nuevo revés en la batalla legal sobre la puesta en funcionamiento del peaje La Parada, en el sector Lomitas de Villa del Rosario, destruido parcialmente en un atentado terrorista con explosivos el pasado 19 de febrero.

Se trata del fallo del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, que negó la acción de tutela interpuesta contra la diligencia de inspección policial, que ordenó en primera instancia la demolición total de las casetas -o lo que quedó de ellas tras  la explosión- el trámite de las licencias respectivas para la intervención y ocupación del espacio público y el pago de una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes.

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La referida acción de tutela introducida por la Utpn pretendía declarar nulidad sobre todo lo actuado por la  inspección policial y empezar desde cero el proceso, argumentando la violación del derecho al debido proceso, luego de no haber sido notificados debidamente del procedimiento.

Sin embargo, una vez analizados los fundamentos de la concesionaria, del Instituto Nacional de Vías, Invías; y el inspector de Policía de Villa del Rosario, el juzgado determinó que no existe tal violación ni se presenta amenaza inminente de vulneración de derechos.

El abogado y veedor social Miguel Ángel Flórez explicó que además de declarar improcedente la tutela por presunta violación del debido proceso, el juez resolvió el fallo en atención a que, de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, los procesos policivos que tienen que ver con infracción de normas urbanísticas, le asisten la justicia ordinaria del contencioso administrativo y por lo tanto el accionante tiene otros recursos como la nulidad y restablecimiento del derecho.

¿En qué queda el proceso?

Flórez explicó que ahora, una vez negada esta acción de tutela, el proceso policivo sigue su orden normal, en el que el alcalde de Villa del Rosario, Camilo Suárez es la persona que tendrá la última palabra sobre el auto emitido en la inspección policial, sobre la demolición de las casetas; o se inclina a favor de la Untp, que sostiene que no necesita licencia de intervención.

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Al respecto, el veedor recordó que para poder revertir la orden de demolición, la Unión Temporal de Peajes Nacionales debe demostrar por medio de un estudio de patología estructural que tal acción no es necesaria.

En este contexto y dadas  las circunstancias que se vienen configurando alrededor del peaje La Parada en Lomitas, parece cada vez más difícil que las casetas volvieran a operar, pues fuera de las acciones derivadas de las decisiones de las autoridades judiciales, la comunidad está empeñada en impedir que se restablezca el funcionamiento de las mismas.

Así lo han dejado saber dirigentes sociales del municipio quienes dando por sentado que el alcalde fallará a favor de la opción de demoler, tramitar licencia y pagar la multa, aseguran que no permitirán la gestión de dicho permiso de intervención del espacio público, por todas las vulneraciones a las que quedan expuestos, no solo la del tipo económico, sino de seguridad.

“El peaje ya está declarado objetivo militar por parte de grupos armados al margen de la ley y nosotros como vecinos de la zona no estamos dispuestos a correr más riesgos”, expresó una dirigente del barrio Lomitas.

Escenarios alternativos

Sobre las alternativas que tendría el peaje La Parada, la reubicación en su punto original, a 200 metros del puente internacional Simón Bolívar, es la que más suena, aunque el riesgo viene amarrado a la idea.

Hay que recordar que la caseta de  cobro de peaje La Parada fue objeto de una protesta social en 2007, razón por la cual tuvo que ser removida del lugar.

Construir nuevas casetas al menos 200 metros más adelante de donde se encuentran actualmente es otra de las opciones, sin embargo, por los trabajos que tendrían que hacerse para el establecimiento de toda la infraestructura seguiría de alguna manera vulnerando los derechos a la libre movilidad de las personas que circulan a diario en el corredor Cúcuta - Villa del Rosario.

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“Seguiría habiendo un cobro indebido a los rosarienses y que no está contemplado en la Resolución 4608 de 2007 que autorizó la reubicación y que mantuvo como premisa el cobro solo para vehículos que entren desde Venezuela”, dijo Flórez.

La eliminación definitiva es otra de las opciones, pero la más difícil o imposible, sobre todo porque no está contemplada por el Ministerio del Transporte que evalúa, en el mejor de los casos, una tarifa diferencial para los habitantes de Villa del Rosario, propuesta que no se ajusta a las exigencias de la comunidad.

“Lo mejor sería que lo eliminaran y que la administración municipal asuma los costos de mantenimiento esa vía, o es que acaso en el mantenimiento de 8.6 kilómetros que tiene la autopista entre Cúcuta y Villa del Rosario. ¿Se gastan 8.000 millones de pesos al año?”, se preguntó el veedor Miguel Ángel Flórez.

Mientras se resuelve de manera definitiva la situación en torno a las casetas, está inhabilitado el cobro de cualquier peaje.

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