Seis años sin paso vehicular y apenas unos meses tratando de normalizar el peatonal, cumple la frontera entre Colombia y Venezuela, por los puentes internacionales que conectan a los dos países hermanos. Una decisión diplomática que deja pérdidas millonarias en la economía de la región y que ha carecido de soluciones, debido a la ruptura de relaciones entre Bogotá y Caracas.

Aún en el recuerdo de los nortesantandereanos está aquel 19 de agosto de 2015, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en cadena nacional, ordenó el cierre de los pasos limítrofes entre el estado Táchira y Norte de Santander, aduciendo problemas de inseguridad que se venían presentando.

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Inicialmente, el cierre de la frontera se proyectó por tres días, mientras se adelantaban las investigaciones de un hecho violento en el que murieron militares venezolanos. Con lo que no contaban los habitantes de lado y lado de la línea fronteriza, era que ese plazo se iba a prolongar en el tiempo, alterando por completo la historia y la cotidianidad de una región acostumbrada al intercambio comercial entre los dos países.

Si bien la tensión fue cediendo y poco a poco se permitió el paso peatonal y luego el de mercancías en horas de la noche, sin que fuera posible llegar a una normalización definitiva, un nuevo detonante llevó a que, nuevamente, la frontera quedara con candado, de manera indefinida.

Fue el 22 de febrero de 2019, cuando por iniciativa del presidente Iván Duque y otros presidentes de la región, se decidió poner en marcha el llamado ‘cerco diplomático’ con el que intentaron presionar la salida de Maduro del poder, pero lo que ocasionaron fue un rompimiento definitivo de relaciones entre Colombia y Venezuela, y el cierre total de los pasos legales, otra vez.

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Desde ese nuevo bloqueo, reforzado a partir de ese momento con contenedores en todos los puentes internacionales, departamentos como Norte de Santander la han pasado muy mal. 

Según los indicadores que manejan los gremios de la región, el cierre de los pasos fronterizos acrecentó los problemas socioeconómicos, humanitarios y de seguridad, elevando los porcentajes de población en condición de pobreza,  desempleo e informalidad.

Cifras oficiales advierten que por los distintos cierres decretados entre ambos países, desde 2015, Cúcuta perdió un promedio de 20.000 empleos directos e indirectos.

Para Víctor Méndez, director ejecutivo región oriente de la Cámara Colombo Venezolana, las cifras que ha dejado este bloqueo comercial y peatonal, en efecto, evidencian la correlación entre la inestabilidad económica y social de la región tras el cierre.

Méndez explicó que en 2021 el incremento del comercio total entre ambos países tuvo una variación positiva y llegó al 77%, lo cual muestra que las exportaciones de productos como alimentos, medicamentos, plásticos, productos industriales y agroindustriales están en aumento.

También se muestra una tendencia al alza en las importaciones de hierro, acero, aluminio, textiles y otros de industria básica. Razón por la cual, insisten en la reapertura inmediata del flujo comercial entre ambas naciones.

Asegura que lo preocupante o lo que no se explican en Norte de Santander todavía, es cómo a pesar de que por Paraguachón (La Guajira) hace mucho tiempo el flujo comercial fue habilitado, por Norte de Santander sigue restringido, pese a los reiterados pedidos que le han hecho los gremios y sectores empresariales al gobierno del presidente Iván Duque.  

Y es que según datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Cámara Colombo Venezolana, entre enero y agosto de 2021, a través de la aduana de Maicao se exportó un volumen de 83.331 toneladas brutas hacia Venezuela, con un incremento del 30%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró un volumen exportado de 64.026 toneladas brutas.

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Una vez esté abierta la frontera por Norte de Santander, los gremios esperan que entre el 65% y 70% de la carga que se ha movido por Maicao se traslade a esta región, lo cual equivaldría a entre 54.000 y 58.000 toneladas brutas, y entre 2.700 y 2.900 tractomulas, con un promedio mensual de entre 6.700 y 7.300 toneladas brutas, y entre 360 y 375 tractomulas.

 “Es evidente la necesidad de dar apertura a la frontera para adelantar acciones que promuevan la recuperación de las regiones y sus ciudadanías, así como  las relaciones de complementación de cadenas de valor y de generación de empleo”, mencionó Méndez a La Opinión.

El dirigente reveló que la petición por parte de los gremios a los candidatos presidenciales es la apertura total de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de las relaciones consulares, debido al impacto social y económico que traería consigo esta apertura.

En la última encuesta de Cúcuta Cómo Vamos, cuyos resultados se revelaron en marzo de este año, el 52% de los encuestados consideró importante o muy importante la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela por Norte de Santander, acción que ven como una vía necesaria para el desarrollo del departamento.

En el mismo estudio, los encuestados manifestaron que el cierre de los pasos limítrofes es mayormente responsabilidad de los gobiernos locales de ambos países, del gobierno colombiano y del venezolano, con un 36,5%, seguido de los gobiernos locales de ambos países, con un 27,8%.

Otra de las razones en las que se fundamenta este pedido de apertura de frontera por Norte de Santander es la seguridad. Y es que la decisión de ponerle candado a los puentes llevó a que esta zona se terminara convirtiendo en un fortín económico para los grupos armados ilegales, pues por las llamadas trochas se mueven drogas, armas, contrabando de todo tipo, tráfico de migrantes y muchos otros negocios ilícitos.

En investigaciones de las autoridades militares colombianas se determinó que organizaciones delincuenciales como las disidencias del Frente 33 de las Farc, el Tren de Aragua y el Eln, dominan hoy esa línea limítrofe, con el agravante que se están expandiendo por toda la frontera, especialmente en territorio venezolano, con el apoyo de las fuerzas armadas de ese país.

Según el portal de estadística delictiva de la Policía Nacional, en lo que va corrido  de 2022, en Norte de Santander se han presentado 137 homicidios, de los cuales 64 se han presentado en la zona de frontera, siendo Cúcuta el municipio de más alto índice de homicidios, con un total de 53 casos.

Uno de los índices que más preocupa en la frontera es el homicidio de mujeres, tal como lo consignó en un informe de seguridad el Laboratorio de Frontera Border Lab.

Allí se detalló que entre enero y octubre de 2021 el asesinato de mujeres en el área metropolitana de Cúcuta aumentó un 47%, y solo la capital nortesantandereana alcanzó un incremento del 21%.

Según Border Lab, Norte de Santander fue en 2020 el primer departamento de explotación de trata de personas en Colombia, con once casos, 267% más que en 2019. La explotación sexual es la finalidad principal de explotación de las víctimas oriundas de este departamento, con un 82% de los casos, superior al 63% nacional. Los pasos ilegales se convirtieron, en gran medida, en los cómplices de este panorama.

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