El estado Táchira ocupa el puesto número 15 en el ranquing de los estados donde más se perpetran presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares venezolanos, de acuerdo al reciente informe sobre Derecho a la Vida en Venezuela, que arrojó el proyecto “Lupa por la Vida” que desarrollan las organizaciones Centro Gumilla y Provea. 

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De acuerdo con la investigación desarrollada a lo largo del año 2021, en la región fronteriza ocurrieron 19 muertes en diversos municipios de la entidad, las cuales fueron ejecutadas por uniformados. 

“19 es una cifra alta, porque no debería haber ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, si la contrastamos con el estado Zulia donde hubo 234, podemos decir que la población del estado Táchira no ha sufrido la altísima letalidad como Zulia, Carabobo y Aragua”, expuso Marino Alvarado,  coordinador del proyecto Lupa por la Vida y activista de los derechos humanos de la organización Provea, la cual  tiene una trayectoria en el país en cuanto a la promoción de los derechos humanos.

No obstante, analizando a los estados andinos de Venezuela, se puede observar que en Trujillo ocurrieron 28 presuntas ejecuciones, mientras que en Mérida 11, que sumado a los 19 casos de Táchira, arroja un total de 58 presuntas ejecuciones en las tres regiones, precisó Alvarado. 

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“Nos preocupa que persista la impunidad, que no haya investigación ni sanción a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, y que, en el caso de algunos gobernadores, no adopten las medidas adecuadas para garantizar que las policías estatales actúen en los operativos de seguridad ciudad, respetando los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, donde el accionar de los organismos de seguridad no estén orientados en causar la muerte, sino a preservar la vida del presunto delincuente”, refirió el activista de los derechos humanos. 

Señaló que la actuación correcta de los cuerpos de seguridad debe estar enfocada en detener y presentar a los presuntos delincuentes, que también tienen derecho a la defensa, y que sea la administración de justicia la que imponga la pena, por cuanto, no se puede tolerar que los funcionarios, por la vía de los hechos, apliquen la pena de muerte en el país. 

Marino Alvarado resaltó que aspiran a que la gobernación del Táchira adopte las medidas adecuadas para que se garantice seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución de la Ley de Servicio de Policía, y como lo establecen las normas internacionales sobre la actuación de funcionarios de estado y el utilización de armas de fuego.

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“El llamado es al Gobernador, para que teniendo ya en cuenta que en el 2021 hubo una cifra 19 muertes, adopten medidas para evitar que este tipo de situaciones siga ocurriendo y el deber del Fiscal Superior del Táchira es adelantar las investigaciones para que no haya impunidad”, exhortó.

Asimismo, recordó que el deber del delegado de la Defensoría del Pueblo es acompañar a los familiares de las víctimas para que se haga justicia, ningún caso de presuntas ejecuciones en el Táchira debe dejar de ser investigado, y si se comprueba que hubo ejecuciones, se deben sancionar a los autores materiales y a las cadenas de mando.

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