A inicios de la tercera semana de agosto de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro Moros decidió llevar las denominadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (OLP) a la zona de frontera causando el desplazamiento de 23.000 colombianos y sus familias venezolanas, según las autoridades colombianas, unas 33.000 personas, según las organizaciones de la sociedad civil.

Paradójicamente el hijo de una colombiana, la cucuteña Teresa de Jesús Moros, se convertiría en el peor presidente de Venezuela para los intereses colombianos y su diáspora. En 2014 inició la crisis económica en el vecino país, causada principalmente por el desbordado gasto público en que incurrió el Estado por las campañas presidenciales de 2012, con un moribundo Hugo Chávez, y de 2013, con el poco carismático Maduro, a lo que se sumó la caída de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la narrativa del gobierno se centró en acusar, sin evidencia, al contrabando de extracción en dirección a Colombia como la principal causa del marchitamiento de la economía venezolana.

Igual sucedió con la criminalización de la población colombiana en Venezuela. Durante los primeros años de la segunda década del siglo XXI, se disparó la violencia, llegando a una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2014, y ese mismo año cerró con 24.980 muertes violentas. El discurso oficial responsabilizaba de la situación al denominado “paramilitarismo colombiano”.

En medio de la crisis de legitimidad que enfrentaba Maduro por el movimiento “La Salida”, que exigía la renuncia del presidente ante la incapacidad e incompetencia para ejercer el cargo, caracterizado por grandes movilizaciones por todo el país, el gobierno construyó la narrativa que responsabilizaba de los principales problemas de la nación, la crisis económica y la crisis de seguridad, a los colombianos y su relación fronteriza con Colombia.

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Sin lugar a duda el episodio más grave en la historia de la relación bilateral colombo venezolana sucedió el 19 de agosto de 2015, la mayor agresión del Estado venezolano y sus autoridades contra el Estado colombiano y los colombianos. Desde el 13 de julio de ese mismo año el gobierno venezolano implementó las OLP en un intento por contener el avance de la criminalidad y sus resultados se medían en el número de bajas de los presuntos criminales. Según las autoridades en el primer mes de dichas operaciones se logró desarticular importantes bandas de colombianos que operaban en las principales ciudades de Venezuela. La mayoría de estas acciones terminaban en la muerte de los presuntos criminales. No hay información oficial de cuántos connacionales murieron en el desarrollo de estas operaciones.

En la tercera semana de agosto las OLP llegaron al Táchira, y el miércoles 19 en acciones contra el contrabando de extracción resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en la ciudad de San Antonio, lo que desencadenó una respuesta desproporcionada de las autoridades que ordenaron arremeter contra la criminalidad del sector de “La Invasión”, zona popular donde la mayoría de sus residentes eran ciudadanos de origen colombiano. Los cuerpos de seguridad venezolanos llegaron a los hogares de los colombianos y marcaron las casas con las letras R, de registrada, o D, para ser demolida.

El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, lideró las acciones y entregó, según sus declaraciones 1.012, colombianos irregulares al Consulado General de Colombia. Sin embargo, se tenía noticia de cientos de colombianos que habían salido de Venezuela llegando a los albergues de la iglesia católica en la frontera desde lunes 17 de agosto, a causa de la persecución de las autoridades venezolanas y dos días antes de los eventos que dieran lugar al cierre de frontera.

Con el cierre oficial de la frontera por parte de las autoridades venezolanas se dio un cambio en los flujos de movilidad humana entre ambos países. Para los colombianos el hermano país fue la promesa de un futuro económico y de refugio, cientos de miles hicieron de Venezuela su hogar. En ese momento, el temor del gobierno de Juan Manuel Santos era que el episodio se repitiera y ocurriera una expulsión masiva de colombianos, no se tenía claridad de cuántos connacionales vivían del otro lado de la frontera. Nicolás Maduro dijo que eran 5,6 millones de colombianos los que vivián en Venezuela, en esa coyuntura el chavismo pagó espacios en medios norteamericanos y publicaron una declaración afirmando que eran 5,7 millones y finalmente el entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, redondeo la cifra en 6 millones.

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En el imaginario quedó el dato de los 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, el cual han repetido incluso los gobiernos colombianos desde entonces. Sin embargo, no hay precisión al respecto, según el Censo de 2001 fueron empadronados en Venezuela 609.196 habitantes que habían nacido en Colombia, para el Censo realizado en 2011, los colombianos en Venezuela eran 721.791.

Pero ese último dato desconoce a los hijos de colombianos que renunciaron a su nacionalidad para regularizarse antes de que la Constitución colombiana de 1991 permitiera la doble nacionalidad. Tampoco considera a los colombianos irregulares que llegaron al hermano país huyendo del conflicto armado y se refugiaron en zonas rurales temiendo la persecución de los actores armados. Según datos de la plataforma multiagencial R4V e información informal de Planeación Nacional, en la última década, han regresado al país entre 900.000 y 1,2 millones de colombianos, y no hay datos de cuántos colombianos viven en Venezuela.

Si bien la expulsión masiva que temían las autoridades colombianas nunca ocurrió, el cierre de frontera del miércoles 19 de agosto de 2015 es el punto de partida de lo que se conoce como la crisis migratoria venezolana que causó la salida de más de la cuarta parte de la población. Actualmente 2.812.648 venezolanos han hecho de Colombia su hogar y 330.128 viven en Norte de Santander, según Migración Colombia.

*Escrito por Ronal Rodríguez: Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y coordinador de la Bitácora Migratoria y el Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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