Mientras el país se centra en presuntos señalamientos de fraudes, sin ningún tipo de prueba, la violencia sigue día a día mostrando su peor cara y demostrando que las elecciones de este 2026 se realizan bajo fuego, con el aumento de alertas contra la población y también con riesgos directos para los candidatos.

Solo en las últimas horas se conoció la desaparición de dos candidatos al Congreso: Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador; y de Ana Guetio, candidata a la Cámara por las CITREP (zonas creadas para la representación política de víctimas del conflicto armado).

Los hechos sucedieron en los departamentos de César y Cauca, respectivamente y, pese a que finalmente aparecieron ambos candidatos sanos y salvos, aún se mantiene una preocupante alerta de inseguridad contra varios candidatos.

De acuerdo con la UNP, Guetio apareció y su vehículo aparentemente fue hurtado, y en el caso de Vásquez, presuntamente habría sido amenazado con arma blanca y raptado durante varias horas a causa de su trabajo político, mientras visitaba a su padre en el César.

Aunque estos hechos aún se encuentran bajo investigación de las autoridades, lo cierto es que, desde el 8 de diciembre de 2025, fecha de inicio de las campañas al Congreso, hasta el 24 de febrero de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado 18 hechos de violencia contra personas que participan en la contienda electoral.

En dialogo con Noticias Caracol, Ana Guetio señaló que, antes de su secuestro, durante 18 años ya había recibido amenazas a causa de sus acciones políticas. Además, dijo que la atención y seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “ha sido pésima”.

Violencia política que va en aumento

Los casos de Vásquez y Guetio se suman a otros lamentables hechos como el secuestro de la senadora Aida Quilcué, el asesinato de dos miembros del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca y el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

Los reportes demuestran que no son hechos aislados, ya que los hechos de violencia contra los candidatos sucedieron en los departamentos de Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Arauca, Atlántico, Bogotá, Cauca, Córdoba, Santander, Sucre y Tolima.

Además, las cifras muestran como estos hechos la violencia contra los liderazgos políticos ha venido sumando en sus hechos a comparación de otros años. Según la MOE, en 2021 la representaba el 40,87 por ciento del total (103 casos de agresiones), y en el 2025 representa el 50,96 por ciento (106).  

A esto se suma que, mientras que en 2021 se registraron un total de 33 hechos letales (19 asesinatos y 14 atentados), a corte del año pasado 2025 ya se registraba un aumento de 28 hechos letales en contra de referentes políticos.

“Estos hechos son de máxima gravedad y los rechazamos con vehemencia. Esperamos que los candidatos aparezcan sanos y salvos, y que estas situaciones se esclarezcan lo antes posible”, dijo Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

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En tiempos electorales donde el país se prepara para elegir un nuevo presidente y Congreso de la República, lo normal es que los candidatos se trasladen por diferentes zonas del país para dar a conocer sus propuestas y evidenciar los problemas que tiene la comunidad, pero el miedo y la inseguridad en varios candidatos ha truncado esa movilidad que requieren los candidatos.

“Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros nada justifica tanta violencia. Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático, la vida es sagrada”, dijo entre lágrimas el senador Jairo Castellanos.

La MOE asegura haber recibido denuncias sobre la intervención de estructuras delincuenciales en el proselitismo político varias regiones del país, donde grupos ilegales “estarían cobrando cuotas a las campañas para permitir actos públicos y la instalación de publicidad”.

Según los reportes, el incumplimiento de estas reglas podría derivar en agresiones como ataques contra viviendas o establecimientos comerciales. Incluso, también se conoció como el Eln habría entregado un panfleto que habría circulado entre la ciudadanía para prohibir realizar cualquier tipo de propaganda electoral.

En las ultima comisiones de seguimiento electoral, donde hacen presencia el gobierno, entidades como la Registraduría y de control como la Procuraduría y la Contraloría, además de la fuerza pública, se han concentrado principalmente en los señalamientos de fraude, pero la violencia sigue ganando su camino previo en estas elecciones.

El procurador general, Gregorio Eljach, resaltó la labor de las fuerzas militares en su despliegue por varias zonas del país para llevar con éxito esta jornada electoral que ya inicia el próximo 8 de marzo, pero no desconoció que la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades para esta jornada.

“Nos preocupa mucho la inseguridad, esto son expectativas y tareas que no se han desarrollado. Estas elecciones son muy importantes, donde se legitima la democracia, por eso la propuesta de paz electoral”, señaló.

La defensa que el gobierno hace ante estos hechos de violencia es que, según el ministro del interior Armando Benedetti se han prestado la seguridad a 64 candidatos a la presidencia, a 370 candidatos al Congreso de la Republica y 68 para el CITREP en acciones “que históricamente nunca se habían hecho antes”.

Sin embargo, estas cifras parecen no ser suficientes ante el constante conocimiento de hechos de candidatos secuestrados y atacados en esta actividad política; porque como lo advierte la MOE pueden generar “un riesgo estructural que afecta también el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones” ante una fiesta electoral que se sigue realizando bajo fuego.

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