Puerto Santander, Cáchira, Cucutilla, La Esperanza, Pamplona y Toledo son los seis nuevos municipios de Norte de Santander que configuran algún tipo de amenaza electoral, de acuerdo con la última actualización del mapa de riesgo para las elecciones del 8 de marzo elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 15 de febrero. El documento fue presentado en la última Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales, previa a los comicios del próximo domingo.
La noticia es poco alentadora para la región, porque en el país el aumento del riesgo consolidado (por fraude electoral y violencia) se registró en 15 municipios, lo cual se traduce en que cerca del 50 por ciento de las nuevas alertas se concentran en Norte de Santander.
En este contexto, en Colombia los municipios en riesgo consolidado pasaron de 170 a 185, es decir, que el 16% de las municipalidades, incluidos los corregimientos, se encuentran dentro de esa característica.
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En cuanto a los niveles de intensidad, del total referido, la misión de observación señaló en su informe que “38 municipios están en riesgo medio, 53 en alto y 94 en extremo. Así, más de la mitad de los municipios identificados se encuentran en riesgo extremo (51%)”.
Riesgo por violencia
En el Mapa de Riesgo Electoral presentado por la MOE, el pasado 4 de febrero, 339 municipios estaban en riesgo por factores de violencia, 139 en riesgo medio, 74 en riesgo alto y 126 en riesgo extremo.
En la última actualización se identificaron 37 municipios adicionales, lo que arroja un total de 376 municipios en riesgo por factores de violencia. Es decir, el 34% de los municipios del país (contando corregimientos departamentales) se encuentran en riesgo.
De estos, 125 están en riesgo medio, en el que se ubican los seis municipios de Norte de Santander; 106 en riesgo alto y 145 en riesgo extremo.
Los municipios en riesgo extremo por violencia se encuentran en 23 departamentos, concentrando la mayor cantidad de localidades en esas condiciones Cauca y Antioquia.
En la nueva información se encuentra que de estos 37 municipios que no tenían riesgo, 2 pasaron a tener un rango alto y 35 medio. Además, 68 localidades aumentaron su nivel de riesgo a extremo (25) y a alto (43).
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En este sentido, de acuerdo con el nuevo mapa de riesgo electoral por factores de violencia, Norte de Santander se ubica en el cuarto lugar, con un total de 24 municipios con incidencia, 12 en nivel extremo de amenaza, cuatro en alto y ocho en medio, por detrás de Antioquia, Cauca y Huila.
Principales riesgos y recomendaciones
De cara a la jornada electoral, la MOE reiteró que los principales riesgos se concentran en seguridad y violencia política, integridad tecnológica del proceso, financiación de campañas y violencia contra las mujeres en política.
Entre sus recomendaciones destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Ministerio Público para reaccionar ante presiones al voto; garantizar la acreditación oportuna de testigos electorales; fortalecer la auditoría del preconteo y los escrutinios; y vigilar el uso indebido de recursos públicos y la compra de votos.
Asimismo, pidió lineamientos claros para evitar restricciones injustificadas relacionadas con símbolos del 8 de marzo durante la jornada, subrayando que no constituyen proselitismo político.
Otro hallazgos
La MOE advirtió que, a pocos días de la jornada electoral, se mantiene una alta concentración de irregularidades que afectan directamente el voto libre.
A través de la plataforma Pilas con el Voto, a corte de 26 de febrero, la organización recibió 145 reportes ciudadanos, de los cuales el 60% se concentra en dos categorías: presiones al elector y participación indebida en política por parte de funcionarios públicos.
Los casos incluyen presuntas coacciones laborales, compra y trasteo de votos, así como presiones en entornos institucionales, lo cual podría comprometer la neutralidad del Estado y la equidad en la contienda.
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En materia de financiación de campañas, el informe revela un bajo nivel de reporte en el aplicativo Cuentas Claras.
Para el Senado, solamente el 34,7% de las candidaturas registra información financiera, mientras que en la Cámara de Representantes el porcentaje alcanza el 32,4.
El monitoreo de publicidad digital también mostró un crecimiento significativo del gasto en redes sociales.
En este sentido, identificaron más de $6.382 millones invertidos en anuncios en Facebook e Instagram por parte de 34 precandidatos presidenciales entre enero de 2025 y febrero de 2026, siendo este último mes el de mayor pauta.
Aunque la organización aclaró que no todo anuncio constituye propaganda electoral en sentido estricto, advirtió que el volumen de más de 4.700 piezas publicitarias requiere revisión detallada para verificar su cumplimiento normativo, además de señalar que quedan por fuera otras plataformas digitales como X, TikTok o YouTube.
En el plano jurídico, la MOE alertó sobre la necesidad de mayor claridad frente a decisiones recientes relacionadas con personerías jurídicas, fusiones partidarias y reglas de participación.
En particular, pidió precisiones sobre los efectos de la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico, así como sobre la aplicación del régimen de doble militancia y las consecuencias de la pérdida de personería jurídica en precandidaturas que participan en consultas. La organización sostuvo que la ausencia de criterios uniformes puede generar incertidumbre y afectar las condiciones de competencia equitativa.
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