Con las montañas del Catatumbo como telón de fondo y en medio de una región golpeada por la sangre y el miedo, tres de los cuatro máximos cabecillas del Frente 33 de la disidencia de las Farc comparecieron ante la Fiscalía para enfrentar la imputación de cargos por la ola de violencia que mantiene en zozobra a sus habitantes.

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El cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas; los jefes político y financiero del Frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard Suárez, comparecieron por medios tecnológicos en una conferencia virtual.

Ellos, junto con Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, fueron citados a la audiencia de vinculación por crímenes ocurridos en ese territorio entre enero y abril de 2025. Mocho Olmedo, actualmente recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, no pudo conectarse por problemas técnicos y su diligencia fue reprogramada.

Un juez de control de garantías de Cúcuta presidió la audiencia, en la que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó —según su grado de presunta participación— los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, estos hombres estarían detrás de una directriz para confrontar al Eln, en medio del recrudecimiento del conflicto. Presuntamente, ordenaron a sus estructuras tomar control territorial mediante el uso de armas y la apropiación de rentas ilícitas, siendo Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí los municipios más afectados.

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La investigación habría demostrado que, en cumplimiento de esa orden, integrantes del grupo mantuvieron por meses un régimen de terror en la región, incurriendo en múltiples violaciones a los derechos humanos. Se les vincula con 37 homicidios, 31 reclutamientos de menores y 87 víctimas de desplazamiento forzado.

“El reclutamiento se llevó a cabo mediante captación directa en zonas de influencia y control territorial, aprovechando la condición de vulnerabilidad socioeconómica de los menores y sus familias”, declaró la fiscal del caso.

La funcionaria también explicó el presunto rol de cada uno de los cabecillas en las operaciones desarrolladas desde enero. ‘Jhon Mechas’ es señalado de fortalecer la organización mediante una cadena de mando estructurada en frentes, compañías, comisiones y redes de apoyo.

Andrey Avendaño, como jefe político del Frente 33, estaría encargado de la conducción ideológica y del relacionamiento comunitario. Por su parte, Richard Suárez fue acusado de controlar las actividades de extorsión, economías ilegales, narcotráfico y el apoyo logístico a las operaciones armadas, con presunta injerencia en homicidios selectivos.

Aunque estas funciones vendrían ejerciéndose desde antes, se habrían intensificado tras el 16 de enero del año pasado, cuando se recrudeció el conflicto entre la disidencia de las Farc y el Eln en el Catatumbo.

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El conflicto en cifras

Tras la audiencia, Raúl González Flechas, delegado contra el crimen organizado, atendió a los medios y entregó más detalles. Informó que ya existen seis órdenes de captura contra cabecillas del Eln, conocidos con los alias de Silvana Guerrero, Alfred, Andino, Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

Además, la investigación permitió identificar a 14 personas señaladas de cometer asesinatos en la región, quienes ya tienen órdenes de captura en su contra.

“La confrontación ha dejado 180 homicidios, cinco de ellos de menores de edad; 17 integrantes de la Fuerza Pública; 16 líderes sociales y siete firmantes de paz. También se registran 47 tentativas de homicidio, más de 3.000 víctimas de desplazamiento y 51 casos de reclutamiento forzado”, manifestó el delegado.

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