José Santander, vocero del gremio, explicó que esta situación, sumada a las afectaciones por una plaga que impactó los cultivos durante 2024, ha profundizado la crisis financiera del sector. Según indicó, el endeudamiento colectivo supera los $30.000 millones, poniendo en riesgo cerca de 3.000 hectáreas pertenecientes a pequeños agricultores, las cuales podrían enfrentar procesos de embargo.
Asimismo, los manifestantes reiteran su inconformidad por lo que califican como incumplimientos en los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en anteriores movilizaciones, particularmente en lo relacionado con reactivación económica, entrega de maquinaria, acceso a insumos y líneas de financiamiento.
Otro factor que agrava el panorama, señalan, es el ingreso de arroz importado a bajos precios, lo que genera una competencia directa que afecta la comercialización de la producción local.
De acuerdo con los líderes gremiales, alrededor de 5.000 familias —entre arroceros, trabajadores agrícolas, transportadores y obreros— se ven impactadas por esta situación. Por esta razón, advierten que la protesta se mantendrá de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas.
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