La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa contra Farmatodo por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor, relacionadas con inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas al derecho de retracto.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de analizar una serie de quejas presentadas por usuarios y adelantar actuaciones de oficio que incluyeron la revisión del portal web de la compañía.

Durante ese proceso, la entidad identificó que entre 2024 y 2025 se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos vinculados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados.

¿Cuáles cargos enfrenta Farmatodo?

Como resultado del análisis, la Dirección formuló pliego de cargos por tres presuntos comportamientos. El primero está relacionado con posibles fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, lo que podría vulnerar el deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.

El segundo cargo apunta al presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos, lo que implicaría un eventual incumplimiento de la obligación legal de respetar el precio anunciado al público.

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El tercer señalamiento se refiere a un presunto condicionamiento del derecho de retracto. Según la investigación, la compañía habría exigido la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho, lo que podría constituir la imposición de cargas adicionales no previstas en el Estatuto del Consumidor.

¿Qué pasará con Farmatodo?

Con este acto administrativo, la SIC da inicio formal a la investigación y garantiza el derecho de defensa de la sociedad investigada, que podrá presentar solicitudes probatorias y argumentos para sustentar su posición.

La actuación se suma a otras iniciativas adelantadas por la entidad desde la llegada de la superintendente Rusinque, orientadas a promover relaciones de consumo transparentes y ajustadas a la normativa vigente.

El proceso determinará si existieron las infracciones señaladas y, de comprobarse, podría dar lugar a sanciones conforme a la ley.

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