En el sistema electoral colombiano hay una regla: se prohíbe la intervención en política por parte de mandatarios, ya que esto abriría la posibilidad de que utilicen recursos públicos en las campañas. Pero la norma también tiene zonas grises que algunos podrían haber aprovechado de cara a los comicios del 29 de octubre.
No en vano Daniel Quintero renunció a su cargo de alcalde de Medellín para abiertamente hacerle campaña a su candidato Juan Carlos Upegui, quien hoy en día figura segundo en las encuestas y, de hecho, es el primo de la ex primera dama de la ciudad.
Lo mismo ocurrió en la gobernación del Magdalena, a la que renunció Carlos Caicedo para apoyar al candidato de Fuerza Ciudadana que entró en reemplazo de su hermana, luego de que esta quedara inhabilitada.
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Algunos casos
De hecho, al propio Gobierno Nacional lo han acusado de intervenir en política. En la ciudad capital ocurrió la llamada ‘Toma de Bogotá’. Se trató de una gran movilización en apoyo a las reformas sociales que llenó la Plaza de Bolívar, pero además se realizaron varias jornadas de Gobierno con el Pueblo en las localidades de Kennedy, Engativá, Suba y Bosa.
Causaron conmoción no los eventos en sí mismos, sino la manera en que fueron anunciados, pues el mensaje fue que la Bogotá Humana estaba de regreso y desde algunos sectores –la oposición incluida– se advirtió que servirían para hacerle campaña a Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico.
En especial, fue criticado un publicado en las redes sociales de Presidencia, en el que se enlistaron los logros de la alcaldía de Gustavo Petro y luego se leía: “Hoy ese Cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”.
La justificación que dio la secretaria de prensa del Presidente, María Paula Fonseca, en su cuenta de X fue que ”no había lío”: “¿Acaso Bogotá no es objeto de las políticas de transformación del gobierno nacional? ¿No es acaso el gobierno del presidente Gustavo Petro la consolidación nacional de un proyecto progresista que inició en Bogotá Humana hace 10 años?”, fueron algunas de las preguntas que lanzó a los detractores.
Por su parte, la respuesta del Presidente se resumió en que: “No les gusta que estemos en Bogotá recorriendo las localidades con la gente con la que nos conocemos y con la que hemos luchado tantos años”.
Tampoco hay que olvidar el episodio en el que Francia Márquez recibió abucheos y gritos de “fuera” en un coliseo de Popayán. La vicepresidenta asistió para acompañar al primer mandatario a un evento de Gobierno Escucha cuando uno de los voceros tomó el micrófono:
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“Hemos sido quienes estamos aquí constructores de este proyecto colectivo que se llama Pacto Histórico y que usted encabeza. Por eso vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del Gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto. No se puede permitir que altos funcionarios del Gobierno respalden proyectos políticos diferentes a los que encabeza el Presidente", fueron las palabras de Óscar Salazar, líder del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente (PUPSOC).
A pesar de que la maestra de ceremonia recordó que el evento no tenía connotación política, tal cual lo dicta la Ley de Garantías, los gritos continuaron.
Luego se supo que la molestia surgió a raíz de que el movimiento Soy Porque Somos, que llevó a Márquez a la vicepresidencia, manifestó su apoyo al candidato a la gobernación de ese departamento, Octavio Guzmán.
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La MOE alerta por la intervención en política
"Con gran compromiso recibimos el apoyo del movimiento Soy porque Somos, una de las fuerzas políticas más importantes de nivel nacional que hoy representa el cambio para el país", escribió él mismo en redes sociales.
Entretanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) ya alertó a la Comisión de Seguimiento que el 32,32 % de los reportes de irregularidades en su aplicativo de Pilas con el Voto corresponden a indebida participación en política cometida por funcionarios públicos.
Las situaciones son hacer uso del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, o de su empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Hay casos en los que se presentan ambas conductas.
Los principales funcionarios y autoridades con mayor número de menciones en los reportes registrados son: alcaldes, secretarios municipales, rectores de instituciones educativas y funcionarios de entidades del nivel municipal.
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