El partido Cambio Radical ejerció su derecho de réplica a la reciente alocución del presidente, Gustavo Petro, y cuestionó la gestión del Gobierno en materia jurídica y económica, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

La colectividad afirmó que el Ejecutivo actúa con “golpes de opinión” más que con soluciones estructurales y advirtió sobre lo que calificó como una creciente inestabilidad institucional.

El senador Carlos Fernando Motoa sostuvo que decisiones de alto impacto terminan en controversias legales que incrementan la incertidumbre económica y social. “El Gobierno nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión”, afirmó.

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Motoa señaló además que el país atraviesa un “limbo jurídico” y acusó al mandatario de estar más enfocado en la campaña política que en la gestión de los problemas nacionales.

Por su parte, el representante Julio César Triana afirmó que Colombia debe avanzar hacia un ingreso digno, pero mediante concertación y diálogo y no por imposición. También aseguró que la mayor indignación ciudadana gira en torno a la corrupción y el manejo de los recursos públicos.

Triana cuestionó presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y afirmó que los recursos públicos deberían destinarse a atender emergencias como la ola invernal en distintas regiones del país.

"Triana fue más allá y denunció que en el Gobierno se habrían robado más de $8 billones de la Unidad de Gestión del Riesgo, recursos que —dijo— servirían para atender a las familias afectadas en Córdoba y a los damnificados en distintos territorios por la ola invernal. También señaló que los colombianos sienten “indignación” frente a la corrupción y la incapacidad para resolver problemas graves, mientras —según afirmó— el Gobierno “solo promueve discursos de odio y de confrontación”, dijo el partido.

El pronunciamiento se produjo después de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno expedir un decreto transitorio sustitutivo en un plazo de ocho días, con base en los criterios establecidos por la ley.

Cambio Radical señaló que el país requiere decisiones “serias y jurídicamente sólidas” en asuntos que afectan el empleo, la inflación y la estabilidad económica, y anticipó que buscará consolidarse como fuerza política de cara a las elecciones de 2026.

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Réplica del Centro Democrático 

La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, cuestionó la política económica del presidente, Gustavo Petro, y advirtió que las medidas propuestas por el Gobierno terminarán, a su juicio, destruyendo empleo y oportunidades en el país.

En una intervención en réplica a la alocución presidencial, la congresista afirmó que, aunque existe consenso sobre la necesidad de mejorar los salarios, estos solo serán sostenibles si se reducen drásticamente los impuestos en favor de los empresarios, se garantiza seguridad física y jurídica y se controla el gasto en burocracia y corrupción.

Valencia aseguró que Colombia tiene una de las cargas tributarias más altas entre los países de la OCDE y sostuvo que esa situación desincentiva la llegada de inversión extranjera y la generación de nuevos empleos. “Si nadie viene a invertir, no se generan nuevos empleos”, señaló.

También cuestionó el nivel de endeudamiento del país y advirtió que el recurso a deuda externa tiene un límite. Según dijo, Colombia se encuentra en máximos históricos de endeudamiento y enfrenta tasas de interés elevadas, lo que comprometería la sostenibilidad fiscal.

En materia de gasto público, la senadora acusó al Gobierno de dilapidar recursos en burocracia y de no priorizar inversiones sociales. Mencionó programas como el subsidio al adulto mayor y cuestionó la destinación de recursos del Presupuesto General de la Nación.

Valencia lanzó además señalamientos de corrupción contra la administración Petro, al afirmar que se habrían superado topes electorales y que empresas estatales como Ecopetrol habrían sido utilizadas para cubrir compromisos políticos, acusaciones que forman parte de debates ya en curso en la agenda pública.

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En su intervención, la congresista propuso como alternativa una reducción de impuestos para atraer empresas, combatir la informalidad —que cifró en 57%— y fortalecer la seguridad. También pidió poner fin a la política de “paz total” y endurecer la respuesta frente a grupos criminales.

La réplica se da en un contexto de creciente polarización política y de debate sobre el rumbo económico del país, luego que el Consejo de Estado suspendiera el alza del salario mínimo.

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