“Hay que empezar a entender que ya no se quieren quedar debajo del tapete ni que hablen o decidan por ellas. Este proyecto no es más que el cumplimiento de la Constitución, la materialización de la dignidad humana. El trabajo sexual es un trabajo legal y deberíamos brindar las garantías mínimas”, señaló Melissa Toro, directora de Putamente Poderosas
.El proyecto también pretende recoger otras modalidades del trabajo sexual como el modelaje web cam, la creación de contenido, la pornografía, el baile erótico, servicios sexuales en establecimientos comerciales y personas de compañía.
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En ese mismo contexto, también se establece que los delitos de explotación sexual, inducción a la prostitución, turismo sexual, pornografía con menores de edad y trata de personas no entrarán dentro de las modalidades cobijadas por el proyecto. Además, el articulado es claro en cuanto a las reglas que se van a imponer a los clientes, entendidos como personas mayores de edad que pagan por servicios sexuales, como controles periódicos de infecciones de transmisión sexual, el uso de condón permanente, el pago de los valores pactados y prohibir cualquier tipo de violencia o maltrato.
Por ahora, el proyecto se prepara para su primer debate en el Congreso, en medio de un ambiente hostil que amenaza con tumbarlo.
“El problema es la moral que atraviesa el país, que las mujeres trabajen con su propio cuerpo, ¿hasta cuándo lo vamos a estigmatizar?”, concluyó Toro.
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