La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras estableció que el 9 de abril de cada año sirva para honrar y escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En ese escenario, quedó palpado que en el país las heridas para llegar al perdón y la reconciliación siguen abiertas, como se demostró en pleno Congreso de la República, donde hubo un fuerte encontrón entre  legisladores de  polos políticos adversos.

Mientras el espectáculo bochornoso avanzaba, la Defensoría del Pueblo recordó los horrores que ha dejado el conflicto armado en Colombia a lo largo de los años, fundamentada en datos de la Unidad para las Víctimas, con un total de 9.8 millones de afectados.

En el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas esas cifras reseñan que por efecto de la guerra en los territorios el número de afectados por el desplazamiento forzado ya es de 8.8 millones de personas.

Los homicidios relacionados con el accionar de la guerrilla, de los paramilitares y de grupos armados muestran la desgarradora cifra de 1’126.236 personas que han perdido la vida en medio de los hechos de violencia y cuya memoria no debe ser olvidada.

El otro horror del prolongado conflicto, que por ejemplo ayer les arrancó lágrimas a madres y familiares en Cúcuta, es de  quienes fueron desaparecidos forzosamente  y de cuyo paradero no se conoce absolutamente nada. Por ese delito tipificado en el Código Penal y que es violatorio de los derechos humanos, se contabilizan hasta el momento 200.884 víctimas.

Si nos detenemos hasta ahí, se advierte  que las laceraciones que deja la lucha intestina que, por ejemplo, en Norte de Santander tiene un frente de batalla en el Catatumbo con graves implicaciones para la vida y la libertad de sus habitantes.

Los delitos contra la libertad y la integridad sexual han dejado 44.283 afectados de acuerdo con la Unidad de Víctimas, mientras que el secuestro, que se niega a desaparecer cuyos casos relacionados se sitúan en 39.523.

El otro aspecto que  también nos debe preocupar a todos y no dejarlo pasar por alto es el reclutamiento forzado infantil que el año pasado afectó a 533 niños y niñas en el país involucrándolos en una guerra que no es de ellos.

Es tan enorme la dolorosa huella, que solamente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene a 353.085 personas acreditadas como víctimas dentro de los once macrocasos abiertos por los crímenes más graves del conflicto armado colombiano y forman parte activa en los escenarios judiciales y restaurativos.

Un mensaje que debe de ser acogido por las entidades del Estado y la sociedad en general lo dejó sobre la mesa la Defensoría del Pueblo: “la atención integral a las víctimas no puede limitarse al reconocimiento de los hechos ocurridos  en el pasado, sino que debe incorporar una perspectiva de prevención urgente frente a los riesgos actuales y futuros”.

Tiene toda la razón, pero obviamente un resultado óptimo en ese sentido solamente podrá darse cuando el Estado con la institucionalidad y las Fuerzas Militares hagan presencia en todos los municipios, corregimientos y veredas  y en ellos desarrolle acciones de transformación y operaciones de recuperación del imperio de la ley.

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