El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró 4.375 reportes por violencia sexual contra menores de edad en el periodo correspondiente al primer trimestre del presente año en el país.

Alarmante esa situación que requiere de compromisos tanto para castigar a los culpables, apoyar a las víctimas, y también enfrentar la situación desde los aspectos educativos y preventivos.
Precisamente hoy Colombia asiste a un aberrante hecho relacionado con el abuso a una niña en un jardín infantil del Bienestar Familiar, en Bogotá, que ahonda aún más las preocupaciones por la vulnerabilidad y sobre los riesgos que corren los niños en diferentes entornos.

Será la justicia, quien ya tiene tras las rejas al señalado de ese delito, la encargada de aplicar el Código Penal, mientras que la sociedad y la institucionalidad están llamadas a actuar para  cerrarles las posibilidades de acción a los pedófilos y pederastas que se aprovechan de la inocencia infantil.

Hechos como el mencionado indican la urgencia de fortalecer las  estrategias para que personas con esa clase de comportamientos no terminen saltando las barreras y lleguen a ocupar cargos dentro de organismos que precisamente tienen la función y misión de proteger, evitar la vulneración y restablecer los derechos de los niños.

Las fallas institucionales hay que enmendarlas urgentemente. En eso debe actuar con premura el Gobierno y aplicar lo anunciado por el ICBF para que no se quede como un mero anuncio.
Lo anunciado de la aplicación de pruebas de personalidad que ayuden a identificar posibles alertas en los procesos  y sobre la manera en que se  están atendiendo a los menores en los jardines infantiles a cargo del instituto, es un test de necesaria aplicación. 

Eso hay que hacerlo.  No puede llegar ahora a pensarse o a catalogarlo como persecusión o extralimitación. No. A los menores en esos lugares se les debe garantizar  seguridad y la salvaguarda de su vida y de su honra. 

En ese sentido son igualmente  indispensables rigurosos sistemas de monitoreo en tiempo real para que ningún rincón quede desprotegido y así poder tener opciones de recacción inmediata ante posibles situaciones en la integridad  de los pequeños  sea puesta en peligro por actuaciones amenazantes de parte de algún adulto.

Sin embargo hay que tener presente que estamos también ante un problema estructural generado por multiplicidad de hechos, que llevan a dejarnos  con la siguiente inquietud de la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell: “la violencia sexual contra la infancia es una mancha en nuestra conciencia moral”.  

Y si los adultos quedamos marcados de esa manera, imaginemos  los traumas  profundos y duraderos que les provoca a los niños esta clase de violencia sexual, la cual a menudo es cometida por personas que ellos conocen y en las que confían y en lugares donde deberían sentirse seguros.

De tal manera que se trata de una tragedia que requiere una mayor atención con propósitos claros en asuntos tales como cuestionar y cambiar normas sociales y culturales, la información sobre estos riesgos, mejores sistemas de datos y mejorar las acciones   de sanación para las víctimas.

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