Más se demoró la Misión de Observación Electoral (MOE) en dar a conocer el mapa de riesgo electoral en Colombia, que en la carretera entre Fortul y Tame (Arauca)  registrarse el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos personas.

Esta materialización del peligro latente también ratifica que las elecciones de este año se encuentran asfixiadas por mayores niveles de violencia, al pasar de 49, en 2022, a 81 municipios este año con riesgo extremo, como lo reseñó dicha oenegé.

Y otro dato indicativo del enrarecido panorama es que de los 170 municipios que según la MOE tienen algún nivel de riesgo, aglutinan a 4.5 millones de ciudadanos habilitados para votar, que corresponde al 11 por ciento  del censo electoral.

Significa, entonces, que hay una gran responsabilidad del Gobierno nacional y de las Fuerza Pública, para garantizar el derecho constitucional de elegir y ser elegidos al que tenemos opción los colombianos, pero que hoy se encuentra bajo fuego en muchas regiones.

El Plan Democracia que siempre se activa en Colombia para los diferentes procesos  electorales, tiene que ser ajustado a las condiciones propias de los departamentos que tienen sus  características y zonas de alta peligrosidad, propias.

Por ejemplo, Norte de Santander también aparece dentro de ese mapa de focos críticos, en un reiterado hecho de figurar siempre afectado por situaciones críticas.

El Catatumbo y Cúcuta están ahí con esa marca de que situaciones adversas pueden afectar antes, durante y después la campaña política y las elecciones de Congreso de la República y las consultas interpartidistas presidenciales, previstas para el 8 de marzo.

Ese caldo de cultivo violento que se ha acumulado en esas zonas de Norte de Santander que son afectadas el accionar y la presencia de grupos armados ilegales como el Eln, la disidencia de las Farc y las bandas del multicrimen transnacional.

“Brindar información a las autoridades para que adopten medidas de mitigación y protección diferenciadas en los municipios más afectados”, fue el planteamiento de la MOE al dar a conocer  este análisis crítico.

En ese sentido, se espera que existan las suficientes garantías para que no haya lugares vedados para los aspirantes a curules en el  Senado y Cámara ni para quienes participan en las consultas, porque todos los colombianos tienen derecho a conocer las propuestas que ellos plantean.

Pero más aún, hay que brindar todo el respaldo de seguridad a los votantes para que el día en que se abran las urnas ellos puedan sufragar sin constreñimiento ni amenaza alguna, para evitar que el voto libre sea arrollado por los violentos o por quienes usan maniobras corruptas con el fin de intentar afectarlo.

Es igualmente saludable para la democracia  contar con esta clase de información detallada para que se produzca un debate público informado sobre el contexto de las elecciones que se avecinan, como lo expresó la MOE.

Por eso la ciudadanía desde ahora tiene el deber de defender su libertad de ir a votar y de elegir a quienes considere, para lo cual hay que reclamarle al Estado que haya la seguridad suficiente para que en el campo o en la ciudad los electores no corran peligro ni tengan obstáculo alguno.

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