Y sucedió lo que se estaba temiendo. Que este 2026 de nuevo está cruzando por un crudo enero cargado de problemas para la comunidad del Catatumbo, siendo los niños, adolescentes y jóvenes los más afectados.

Al Eln y a la disidencia de las Farc hay que apuntarles en el libro de las hostilidades sus criminales acciones contra la población civil que han obstaculizado  el regreso a clases de cientos de estudiantes en El Tarra  y Tibú, al igual que  elevado los riesgos de seguridad para los estudiantes en Otaré (Ocaña).

En coincidencia con esta situación, en  Naciones Unidas Estados Unidos le hizo  reparos al Gobierno nacional por los problemas de violencia que se registran en el país.

“Lamentamos que en lugar de reducir la vio“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos”, es la consideración de la Casa Blanca expuesta en el organismo multilateral.

Se ha convertido en un dilema este caso que ahora es recurrente porque las organizaciones armadas ilegales en búsqueda de su fortalecimiento están acrecentando la vinculación forzada y bajo amenazas, de menores de edad en sus filas de combatientes, en una violación de los derechos humanos.

Aprovechando que en la ONU se hizo referencia específica a este mal conectado al conflicto armado que tiene agobiada a regiones como Norte de Santander, es indispensable reclamar a la comunidad internacional, a la justicia colombiana y al Estado, el reclutamiento forzado sea castigado con todo el peso de la ley, sin opción de quedar exceptuado dentro de un eventual proceso de paz.

Es que ese delito es causante directo e indirecto de la deserción escolar, violentando un derecho consagrado por la Constitución. El Catatumbo y esta  parte del país lo han sufrido en carne propia y cuando hay bombardeos o enfrentamientos, siempre aparece la dolorosa evidencia de menores muertos en una guerra que no es de ellos y que deberían estar estudiando y no portando un arma, obligados por las organizaciones violentas.

Debe dejar de ser un lugar común y transformarse en realidad aquello de que  los niños hay que darles garantías plenas para que se puedan educar en todos los rincones del país y del departamento, entendiéndose por lo tanto que ninguno por el motivo generador de riesgo que sea, puede quedarse por fuera del aula.

Y esa es una misión que le corresponde al Estado colombiano, que además ojala haya tomado atenta nota de otra consideración de Estados Unidos en la ONU, relacionada con el hecho de que “el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”.

A todos esos movimientos de las estructuras armadas contra los colombianos es necesario enfrentarlos con mayor entereza, puesto que se advierte que a la ‘Paz Total’  prácticamente se le han agotado los caminos como consecuencia del juego amañado de quienes han usado las negociaciones para fortalecerse,  expandirse, levantarse de la mesa y salir a ejecutar acciones como la que desde hace un año desangra al Catatumbo.

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