Multiplicidad de inquietudes despertó el proyecto de ley para el establecimiento del marco jurídico para la política de ‘Paz Total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Si la disidencia de las Farc se fueron en contra del Acuerdo de Paz de 2016, por qué se les cobijaría ahora con la justicia transicional, como se plantea en la iniciativa? ¿Cómo así que el Clan del Golfo, que no es ninguna organización de carácter político, sino que opera como un gran cartel del narcotráfico, también podría dar un paso de esos? ¿Es cierto que el marco jurídico sería una puerta giratoria desde la cual ciertos civiles vinculados con el conflicto armado y que fueron expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrían otra opción? ¿Cómo es el sometimiento de las bandas, les darán beneficios pese a los crímenes y hechos como el de atacar con granadas, extorsionar y secuestrar? ¿Ahí tendrían cabida organizaciones del multicrimen como el Tren de Aragua o Los AK-47?
Los colombianos reclaman respuestas profundas, precisas y claras porque el fantasma de la impunidad y de beneficios excesivos a quienes han perpetrado toda clase de hechos violentos genera preocupación y zozobra por las implicaciones y efectos que ocasionaría. Pero hay un hecho que ratifica cómo la ‘Paz Total’ sigue dando tumbos y en este caso la situación no es diferente, pues resulta que hasta un alto funcionario también expresó inquietantes dudas. Se trata del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien entre otras afirmaciones expuso la consideración de que “el proyecto generará una gran polémica del orden político y con organizaciones sociales, que podrían ver en esto una gran apertura hacia la impunidad”.
Lo cierto es que la iniciativa en su nacimiento generó fricciones en el interior del mismo Gobierno, puesto que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo que Patiño era “un francotirador de la paz”, porque cuestionó la falta de consenso del proyecto de ley. Lo ocurrido deja entrever que ni siquiera entre los encargados de sacar adelante las conversaciones y procesos de paz y darles la fortaleza jurídica se logran los acuerdos para consolidar un marco legal que no sea laxo y que cuente con un análisis más reposado.
Al Congreso de la República le corresponde generar un debate nacional sobre la propuesta para someter a grupos armados, sopesarla, introducirle modificaciones o proceder a su hundimiento si no se logra que el proyecto de sometimiento no implique una derrota para la justicia, las víctimas y la sociedad. El gobierno del presidente Petro debe no dejar vacíos, evitar riesgos de que hasta capos de la mafia terminen favorecidos y aclarar las advertencias de que los criminales que se acojan estarían logrando mayores beneficios, por cuanto mientras en un proyecto similar que no pasó se hablaba de que ellos se quedarían con el 6% de sus bienes, en el proyecto actual se planteó que fuera el 12 por ciento.
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