En el parque Los Libertadores de Villa del Rosario se llevó a cabo un cabildo abierto bajo el lema “No Más Peaje para los Rosarienses”. El evento, organizado por el Concejo de Villa del Rosario, reunió a la comunidad, a los miembros de la corporación, a líderes sociales y al alcalde Camilo Suárez Sierra.
La jornada, desarrollada el pasado domingo, abordó temas relacionados con los problemas sociales, económicos y de seguridad que ha generado el peaje de Lomitas. El cabildo fue impulsado por el ciudadano Luis Arturo Mojica, quien cumplió con los requisitos exigidos por la Registraduría Especial del Estado Civil en Villa del Rosario para su realización.
Durante el encuentro, el empresario Yovany Montoya explicó que el peaje limita el turismo en el municipio y afecta la canasta familiar, debido al gasto mensual que los ciudadanos deben destinar a su pago. Además, denunció irregularidades como la exención de pago para tractomulas y la falta de proyectos de inversión con los recursos recaudados.
En cuanto al impacto social, los asistentes subrayaron que el peaje ha generado descontento ciudadano, protestas y congestiones viales. También expresaron temor ante la posibilidad de que el lugar vuelva a convertirse en objetivo de atentados terroristas.
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Otros participantes cuestionaron la inacción de las autoridades frente a la demolición de la caseta y recordaron que, en su origen, el peaje debió instalarse en el sector de La Parada para cobrar exclusivamente a los vehículos extranjeros que ingresan a Colombia.
El cabildo permitió a los ciudadanos presentar una serie de preguntas e inquietudes a la administración municipal, las cuales deberán ser respondidas por el alcalde el próximo 22 de septiembre. Entre ellas, solicitaron claridad sobre el cronograma de intervención en el peaje, la identificación de los propietarios del lote y las gestiones adelantadas por administraciones anteriores y la actual frente a la ubicación del peaje.
Alcaldía responde
El alcalde Camilo Suárez Sierra informó que el pasado 18 de julio se reunió en Bogotá con el Invías, el Ministerio de Transporte y otros cabildantes para definir el futuro del peaje.
Durante el encuentro, las autoridades locales solicitaron su reubicación en el puente Simón Bolívar o en el Atanasio Girardot, la implementación de una tarifa preferencial para los residentes y la destinación de un porcentaje de lo recaudado a proyectos de inversión en el municipio.
En relación con la demolición, Suárez explicó que el tema sigue en proceso jurídico y que, una vez se establezcan las fechas, se informará a la comunidad. Señaló que la demora se debe a trámites judiciales y civiles en curso.
No obstante, aseguró que durante el presente año se espera concluir el proceso legal para proceder con la demolición, que se realizará mediante licitación pública. El objetivo es derribar la caseta y las edificaciones aledañas. Según un estudio técnico de la Alcaldía, el costo de la demolición asciende a 300 millones de pesos, recursos que ya fueron apartados en el presupuesto.
“Ya apartamos el rubro y, una vez tengamos la viabilidad, se llevará a cabo la demolición”, afirmó el mandatario local.
El alcalde aclaró que, una vez demolido, la UTPN podría solicitar la reconstrucción del peaje en el mismo lugar, siempre que cuente con los permisos correspondientes; sin embargo, reiteró que la intención de la administración es reubicarlo. Asimismo, indicó que el otorgamiento de nuevas licencias será evaluado por diferentes dependencias, en especial por la Subsecretaría de Control Urbano.
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Otras acciones ciudadanas
De manera paralela, el gestor social Juan Maldonado informó que desde junio lidera un proceso de recolección de firmas para impulsar una consulta popular. Según Maldonado, ya se han recolectado 8.000 firmas de las 22.000 que se requieren para presentarlas ante la Registraduría.
El líder social precisó que esperan validar las firmas en diciembre para que la consulta pueda coincidir con las elecciones de Cámara y Senado en marzo de 2026. “El propósito es que la comunidad acuda a las urnas y pueda solicitar el retiro de las casetas, su reubicación y la asignación de un presupuesto específico para el municipio”, explicó Maldonado.
Por su parte, el veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez relató que en agosto presentó ante los jueces administrativos del circuito de Cúcuta una solicitud de medida cautelar para ordenar la demolición del peaje, pero esta fue declarada improcedente bajo el argumento de que existen mecanismos judiciales como la acción popular.
Flórez impugnó la decisión, argumentando que las acciones populares son complementarias a la tutela, mas no su reemplazo. El veedor espera que, a comienzos de octubre, el tribunal emita una nueva respuesta.
En esa misma línea, Yeison Angarita, presidente del Concejo de Villa del Rosario, destacó que la realización del cabildo es un paso importante para avanzar hacia la consulta popular. Afirmó que la corporación apoyará el proceso brindando a la comunidad la posibilidad de firmar en las instalaciones del Concejo o llevarse los formatos a sus barrios.
Angarita concluyó anunciando que el próximo lunes 22 de septiembre, la Alcaldía responderá de manera oficial a todas las inquietudes ciudadanas presentadas durante el cabildo abierto.
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