Aumento del 23% en miembros de grupos armados y récord en disputas: el deterioro de la seguridad marca el inicio de 2026. Así se titula un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que deja inquietudes que deberán ser respondidas por el Gobierno nacional.
Sin profundizar, bien podría advertirse que la política de ‘Paz Total’ en la fase final de la administración nacional está terminando muy maltrecha.

“Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores”, esta es otra demoledora consideración que consigna el reporte que igualmente genera mayúsculas inquietudes.

A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % respecto a diciembre de 2024. Esto significa que más de 5.000 personas se sumaron a estas organizaciones ilegales en solo un año, reseña el análisis.

El Clan del Golfo es situado en el primer lugar con un crecimiento del 30 %,  para llegar a totalizar 9.840 integrantes. El Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de Iván Mordisco aumentó en el 23 % llegando a 4.019 combatientes y el Eln aumentó en el 9 %, sumando 6.810 miembros.

Teniendo como base el análisis de dicha organización, sin lugar a equívocos el país atraviesa una difícil fase de fortalecimiento de las estructuras generadoras del conflicto armado con cinco mil hombres más, que se traducen en las complejas situaciones de violencia que golpean a diversas zonas colombianas, entre las que  está el Catatumbo.

La FIP deja otra notificación que debe llamar al análisis:“el 2025 cerró con un balance en rojo para la seguridad del país: los grupos armados ampliaron sus disputas territoriales, engrosaron sus filas y reforzaron el control sobre las comunidades, mientras el desplazamiento forzado se agudizó y la política de Paz Total acumuló cuestionamientos (...)”.

Qué más se debe esperar para que haya una reformulación en el manejo estatal frente a organizaciones criminales que le han jugado con cartas ocultas y marcadas a la paz, puesto que se aprovecharon de las negociaciones para hacer más fuertes sus filas y su armamento, para luego salir a desatar el fragor violento sin tregua alguna.

Esta alerta hay que escucharla. La  notificación se debe tener presente. Las cifras tienen que tomarse en serio. Al Estado le corresponde acatar la Constitución, hacer presencia institucional y con la Fuerza Pública en todo el territorio nacional y lanzar la ofensiva contra los violentos, 

pero con fortaleza en los tópicos de la prevención, la inteligencia y la anticipación.
“El tiempo que le queda al Gobierno Petro no puede ser excusa para la inacción”, se destaca en unos de los apartes del análisis de la FIP. En eso tiene toda la razón y en ello coincide el país en general que siempre ha reclamado la recuperación de la seguridad en campos y ciudades, como por ejemplo en Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta que han padecido una permanente escalda de violencia.

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