Con una deuda de 3.4 billones de pesos por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que puede golpear tanto a los  usuarios como a la estabilidad de las empresas de energía y gas, se produjo otro cortocircuito múltiple en la relación entre el Gobierno nacional y el sector.

Cuando debería de haber una acción concertada que tuviera en el centro la calidad y cobertura del servicio,  ahora, por una controversial circular de la Superintendencia de Servicios Públicos, aparecen nuevas complicaciones para todos.

A todas luces se trata de decisiones que resultan afectando a la misma comunidad, que podría llegar a perder la opción de los créditos para electrodomésticos  pagaderos en el recibo de la energía, como ocurre hasta ahora, porque dicho documento oficial dice que eso no es posible.

Ahí también se incluyen los pagos de seguros y otros conceptos, que a la Superintendencia le parece que no deben hacerse.

Para el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, “es una locura esa circular” porque también incluye un elemento que podría llevar a que se apaguen empresas de energía en toma de posesión por el gobierno, porque prácticamente se les obliga a seguir prestando el servicio así no les paguen.

A la final, quienes vienen a pagar las nocivas consecuencias son los ciudadanos porque se les está condenando a la deficiencia del servicio y a una amenaza real de racionamiento o apagón como el que se padeció en los años 1990 del siglo pasado.

Aparte de que ya se anuncia una demanda, lo más grave es que el fantasma de la incompetencia y el desconocimiento vuelve a hacer sonar sus cadenas en el manejo de un sector tan sensible e importante con una cobertura equivalente al 97 por ciento de los colombianos.

Para eso hay toda una normatividad y organismos concretos como la Comisión de Regulación de Energía y Gas junto con el Ministerio de Minas y Energía que se ocupen de esas situaciones específicas.

Queda muy mal el gobierno del cambio que a estas alturas  todavía no sepa diferenciar las competencias de cada institución estatal y que por tal motivo genere esta clase de conflictos técnicos y jurídicos que no le hacen nada bien al país.

La concertación es la opción más favorable para superar las diferencias y lograr las decisiones que redunden en beneficio de los usuarios, en un asunto tan sensible como el de las tarifas, la prestación del servicio, al igual que en la protección de la inversión y las garantías para la expansión, mantenimiento,  uso de nuevas energías y el pago de la deuda.

Y al abrirse ahora otro frente de discusión relativo con el valor del kilovatio y el cobro a los hogares, el comercio y la industria, es necesario que el ajuste se haga con base en estudios técnicos que garanticen la viabilidad y estabilidad del sector pero también atender los pedidos de la comunidad de revisar las fórmulas y buscar la reducción tarifaria.

En todos los aspectos que hoy son objeto de deliberación en el sector, debería aprovechar el presidente Petro para convocar a una  mesa nacional de la energía eléctrica, ya que Andesco reiteró su disposición para trabajar en conjunto hacia soluciones efectivas que beneficien a los usuarios, en especial a los más vulnerables.

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