La institución Presidencial colombiana se encuentra, hoy, en una encrucijada por la presunta adicción a las drogas por parte de quien ostenta esa dignidad y quien ahora avanza hacia la degradación del debate político echando mano a las palabras de grueso calibre contra sus opositores.

Lo planteado por el excanciller Álvaro Leyva, quien usó la ‘Ciudad Luz’ para hablar de que el presidente Gustavo Petro consume sustancias prohibidas, abre un debate sobre las adicciones y la salud del jefe de Estado y sus implicaciones a la hora de gobernar.

Los 53 millones de colombianos están a la espera de que en el gobierno del cambio el primer mandatario le hable al país, con análisis médicos y científicos, sobre este mal del que en varias oportunidades se le ha señalado que padece.

Este sería el momento preciso para demostrar que se ha querido cambiar desde la transparencia del poder Ejecutivo para resolver esta clase de inquietudes, puesto que nuestra patria necesita a un presidente que no se encuentre encerrado en este tipo de laberintos por afirmaciones como las de Leyva.

No le hace bien al bienestar de la democracia que todo se mantenga en una nebulosa o con respuestas como la que acaba de dar Petro, de que ahora ni siquiera se puede tomar un trago de alcohol, y que ojalá los denunciantes entreguen las pruebas para que de una vez por todas se dirima el dilema.

En este ambiente surge la cuestión jurídica sobre la vida privada del presidente que se contrapone a la cuestión ética de si determinados comportamientos, gustos o adicciones terminan interfiriendo o provocando erráticas decisiones o acciones inadecuadas en el desarrollo de sus funciones reguladas por la Constitución de 1991.

Correr el velo sobre la capacidad cognitiva, emocional y funcional es uno de los reclamos opositores que piden el test antidrogas y una evaluación psiquiátrica del presidente, planteamiento que atiza la caldeada discusión. Posibles faltas gravísimas en el ejercicio del poder hacen parte, hoy, del argumento que se plantea para reclamar que Petro sea evaluado y su conducta sometida a análisis especializado.

Un país lleno de dificultades asiste al espectáculo de un presidente a la defensiva, quien no admite tener preferencia por las sustancias psicoactivas y quienes ojean el artículo 194 de la Constitución sobre las faltas absolutas, una de ellas relacionadas con “la incapacidad física permanente”, para lo cual el Senado tiene la potestad de actuar según el artículo 326 de la Ley 5 de 1992.

Pero, además, en esta agitación resulta muy llamativo un párrafo de la carta de Leyva en el que advierte que Petro “(...) no mide adecuadamente el alcance de sus palabras; incita con todo ello a la lucha de clases”.

Lo más curioso es que ese actuar presidencial descrito por el exministro volvió a suceder cuando el jefe de Estado le lanzó una palabra de grueso calibre al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por su rechazo a la Consulta Popular.

En últimas, la gobernabilidad es la que termina comprometida porque tener a un presidente defendiéndose y atacando a sus detractores lo que acaba es descuidando o aplazando los asuntos de Estado que requieren de urgentes medidas administrativas, económicas y presupuestales.

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