Dos determinaciones de la Fiscalía General de la Nación sacuden al Gobierno nacional, entre ellos a la emblemática empresa Ecopetrol, porque su presidente Ricardo Roa es uno de los involucrados, mientras que a una integrante del gabinete que representa a los jóvenes (¿cómo les parece el ejemplo?) está en el ojo del huracán por comprar sus títulos profesionales.

Que ya el organismo acusador tenga a  importantes  funcionarios en el radar para que respondan por sus presuntas graves irregularidades, debería de abrir la opción de apartarse y dedicarse para defenderse sin investidura oficial.

Para la institucionalidad, el Gobierno y el propio Estado es necesario proteger su omagen y por dicho motivo personas como Roa y la viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, es lógico que deban proceder a abandonar sus cargos.

Lo lógico en esta clase de situaciones en que no se afecte el libre desarrollo de las políticas gubernamentales porque los servidores públicos al tener esa clase de cuestionamientos que los llevan a enfrentar procesos judiciales, desatienden sus labores fundamentales para dedicarse a tratar de demostrar que son inocentes.

Renunciar es el verbo que ambos tienen que pronunciar porque su permanencia impacta a las entidades de las que ellos son sus representantes.

En el caso de Ecopetrol, tener a un presidente imputado por la Fiscalía en los casos relacionados con la compra de un apartamento y de la violación de los topes electorales en el Pacto Histórico, cuando él era el gerente de la campaña, pues eso no es muy bien visto.

Precisamente, ya hay presiones políticas  y públicas para que Roa deje el puesto, porque se insiste en que la finalmente afectada es Ecopetrol y el mismo país, en el entendido que es una compañía que representa a Colombia en el mundo económico de los negocios internacionales.

Escándalos como estos deberían llevar al presidente Petro a solicitarles a sus funcionarios comprometidos en hechos non santos para que den el paso al costado, porque su permanencia envía un mensaje equivocado.

Esperemos que haya sensatez tanto por parte de Ricardo Roa y del presidente Petro para que el ‘atornillamiento’ de funcionarios cuestionados no sea la opción y que la Estado quede a salvo de esta clase de situaciones, que lastimosamente ocurren desde hace mucho tiempo.

La otra situación muy particular y altamente denigrante es el de la viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero.

¿Qué ejemplo le da el Gobierno que pregona el cambio a los jóvenes colombianos con el hecho de que una de sus representantes incurrió en los presuntos delitos  de fraude procesal y falsedad en documento público?

¿Un joven cómo tomará el hecho de que una referente como Juliana Guerrero llegó a las altas esferas del Gobierno haciendo trampas para demostrar unos estudios universitarios que realmente nunca hizo, pero que resultó obteniendo los títulos respectivos?

Se trata de situaciones muy delicadas que generan desánimo, pérdida de credibilidad en lo estatal y llevan a que se planteen nuevamente acciones que eleven los niveles en los procedimientos para la asignación de los cargos públicos y para que por fin se haga algo frente a un mal que sigue ahí y cada vez se hace más fuerte como es el de la corrupción.