Últimamente estábamos acostumbrados a que el cambio de gobierno en las alcaldías y en la Gobernación igualmente traía una imagen nueva en la papelería oficial que se manejaba.
Es decir, cada cuatro años, con las caras nuevas en todo el rol municipal y departamental había que gastar millones de pesos en ese cambio, que a la postre significaba solo eso, un oneroso gasto sin nada benéfico para los ciudadanos.
En este momento, ni en Norte de Santander o Cúcuta, al igual que en ningún municipio ni departamento de Colombia se podrá destinar un centavo de las arcas oficiales, porque las marcas de gobierno han quedado en el pasado y no podrán lucirse en la papelería oficial.
Hablando de esto, resultaría muy interesante hacer una radiografía sobre las cuantías de dinero público que se emplearon en el pasado para el citado gasto que era permitido, pero que ahora ha quedado prohibido por la Ley 2343 de 2023, recientemente sancionada por el presidente Gustavo Petro.
El costo estimado en Colombia, según las autoras del proyecto de ley, era de unos dos billones pesos anuales, que en adelante podrán ser ahorrados.
La austeridad en un frente como ese era necesario, porque a todas luces nadie entendía la razón de hacer esa transformación en la documentación oficial del municipio o el departamento, que en últimas quedaba en el imaginario como un asunto de maquillaje o de cuidado de imagen, que no se compadece en momentos de darles un mejor manejo a los impuestos de los contribuyentes.
Bueno sería también que el alcalde de Cúcuta y el gobernador de Norte de Santander, en alguna de sus ruedas de prensa, dijeran que el monto de dinero que se empleaba en la nueva papelería de todos los despachos gubernamentales, tendrá como destino algún plan específico educativo, por decir algo.
Trayendo a la realidad esta orden emitida por la ley, ‘Perseverancia’ que fue el logo de la campaña del ahora alcalde Jorge Acevedo o ‘Por amor a nuestra gente de Norte’ del gobernador William Villamizar Laguado no las podrán ostentar en la papelería oficial.
Qué bueno que nos podamos ahorrar unos milloncitos en símbolos, imágenes o mensajes alusivos a las marcas de gobierno, ni al Plan de Desarrollo o al Plan de Acción del gobierno o dirección administrativa que lo apruebe.
Todo lo que se haga para darle un adecuado y cuidadoso manejo a los dineros del Estado debe de ser impulsado y puesto en marcha, para de esa forma lograr que esos dineros sobrantes vayan a proyectos de beneficio para las comunidades.
Y si las administraciones locales hicieran más esfuerzos evaluando otros aspectos de posibles gastos que puedan ser considerados suntuosos para de esa forma también aportar en el plan que permita recortar los volúmenes de recursos asignados y redirigirlos hacia iniciativas sociales.
Sin embargo, aquí surge una especie de paradoja, puesto que desde el Ejecutivo Nacional junto con el Congreso se hacen ese tipo de planteamientos, pero a la vez surgen hechos que contradicen la filosofía austera, como en el reciente escándalo de presuntos desbordados gastos por parte de la primera dama, Verónica Alcocer, por mil millones de pesos, según investigaciones periodísticas.
¿Entonces? Asuntos como ese indican al ciudadano de a pie que los gobernantes y sus familias también deben de dar ejemplo en estos menesteres, más en un país con tantas necesidades como el nuestro.
La austeridad no debe de ser un simple lema o una teoría sino una ejecutoria para proteger los dineros gubernamentales de la práctica del derroche, que en la práctica es igualmente riesgosa que la corrupción.