Los bienes entregados por las Farc al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, acaba de advertir la Contraloría General de la República, asunto de la mayor gravedad que muestra otro boquete que deja como afectadas a las víctimas del conflicto armado.

Es decir, a la luz de lo expuesto por el organismo de control fiscal, estamos frente a otra revictimización y a un incumplimiento de los compromisos asumidos para la reparación de las personas afectadas por las acciones de esa organización que firmó el acuerdo en 2016.

Es válida la advertencia de la Contraloría cuando observa que dicho inconveniente, problema o como quiera denominarse,  “compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación” consagrado en dicho pacto.

Estaríamos entonces ante una probable burla dentro de lo acordado en una negociación para aclimatar la paz,  que al comenzar a registrar esos vacíos implica que debe hacerse una revisión a fondo y proceder a exigir el cumplimiento de lo firmado ante el mundo.

En ese aspecto es válida la consideración de la entidad cuando dice que esto entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos de las víctimas.

Ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni Naciones Unidas pueden dejar pasar por alto la confirmación que hiciera la Contraloría de que “722 bienes raíces prometidos en el Acuerdo de Paz, materialmente solo se recibió una unidad que ni siquiera ha sido monetizada”.

Asombroso que eso ocurra. Hay que proceder en consecuencia y exigir el cumplimiento y saber en dónde están esas propiedades y qué pasó con ellas y por qué no las entregaron. De lo contrario, insistimos, estamos ante una burla con las personas y  las familias afectadas y una afrenta para el país.

¿Hay testaferrato para ocultar los bienes y de esa manera hacerle el quite a las responsabilidades. La Fiscalía General de la Nación tiene ahí un trabajo urgente por hacer con el fin de investigar y adelantar las acciones correspondientes.

Como lo expuso un grupo de víctimas hay que ir hasta las últimas consecuencias porque una promesa hecha teniendo a la paz como meta no puede incumplirse olímpicamente y por eso hay que tenerse sobre la mesa hasta la opción de la extinción de dominio, de ser necesario.

¿Qué dirán Timochenco y los demás miembros del antiguo Secretariado de las Farc? ¿Este hecho podría llegar a tener consecuencias como el de la expulsión de la JEP por presunta violación del régimen de condicionalidad?

Mientras se escuchan las respuestas, lo cierto  es que los incumplimientos por parte de las antiguas Farc no han cesado. Más bien abundan como la maleza, puesto que en cuanto a la entrega de semovientes, de las 24.456 cabezas de ganado reportadas en el inventario inicial, solamente llegaron a manos del Estado 258.

El mejor resumen de lo ocurrido se encuentra en la denuncia penal que interpusieron varias víctimas del conflicto armado por enriquecimiento ilícito contra los exjefes de esa organización alzada en armas.
En el documento se señala que no entregaron 721 inmuebles, más de 170 kilogramos entre oro puro y joyas, los cuales reportaron dentro de su haber y 24.000 cabezas de ganado.

¿Cuál compromiso con la paz es ese?

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .