La guerra comercial no es el camino. Copiar lo que hace Estados Unidos aplicando o amenazando con la utilización de aranceles como mecanismo de presión tampoco lo es, porque se terminarán perdiendo mercados, empleos y la estabilidad de muchas empresas.

Está fresco lo hecho por Ecuador que anunció la aplicación del 30% a las exportaciones de Colombia y la respuesta de nuestro país de gravar en esa misma proporción 20 productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de energía eléctrica.

Y claro, al revisar quiénes son los afectados, pues en nuestro caso resulta que hasta en este territorio fronterizo con Venezuela vino a sentirse la preocupación por el  impacto que la determinación de Ecuador generará en un importante renglón de la economía local.

Norte Santander,  el año pasado y corte a noviembre, las exportaciones de calzado fueron de 1.5 millones, que corresponde al 16% del total que el país vende a Ecuador, que hasta esa fecha llegaron a los nueve millones de dólares.

En la eventualidad que la tasa de seguridad ordenada por el presidente Daniel Noboa empiece a aplicarse, significará un traspié para el calzado cucuteño que irá a quedar en desventaja con otros competidores y porque en la práctica los productores locales pueden empezar a sentir la reducción o suspensión de los pedidos por parte de los compradores del mercado de Ecuador.

Y al otro lado serán los ecuatorianos los afectados porque tendrán que pagar de su bolsillo esa diferencia equivalente a tres dólares si el par de zapatos cuesta diez dólares, y así sucesivamente.

Así sucesivamente irán repitiéndose  a uno y otro lado los efectos sobre empresarios y consumidores, aparte de poner en riesgo empleos, ingresos y llegando a favorecer a los contrabandistas.

La manera de actuar del gobierno de Noboa no fue la adecuada porque para ello existe la diplomacia y las acciones bilaterales para enfrentar situaciones relacionadas con la frontera, entre los que se encuentran la inseguridad y el narcotráfico, que fueron precisamente las motivaciones para la intempestiva aplicación de este arancel.

Que unas naciones vecinas, hermanas y que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones entrabarse en una lucha de esta naturaleza, en la que no habrá vencedores ni vencidos, pero sí dejará unas relaciones maltrechas, un intercambio comercial golpeado y una integración severamente afectada.

Pero además, este enfrentamiento arancelario adobado con el corte de la electricidad y el aumento de la tarifa para el transporte de petróleo colombiano amenaza con degenerar también en una grave crisis para la Comunidad Andina. 

Como si fuera poco, pareciera que en América Latina las negociaciones comenzarían a ser relegadas para empezar a dar paso a medidas radicales como las económicas que en este momento están siendo usadas por los gobiernos de Quito y Bogotá.

Una generalización en el uso de los aranceles como supuesto ‘castigo’ de un país a otro porque no hace o ha dejado de hacer, dándole prácticamente  un portazo a las opciones de la diplomacia, echando por tierras los entendimientos y acuerdos previos y dejando abiertas alternativas como la de romper relaciones o cerrar fronteras, escenarios, todos ellos, que elevarán las tensiones.

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