Veintiocho presos fugados en un mes de dos CAI de la Policía, en Cúcuta, es algo que no es inocentada y que ya requiere de alguna decisión definitiva para ponerle término al problema del hacinamiento carcelario que convierte en ‘prisiones inseguras’ a estaciones y sedes policiales no acordes para ello.

Lo peor del caso, es que en medio de una inseguridad desbordada como la que registra la ciudad, la reciente volada de 11 detenidos del CAI en el barrio Kennedy, devolvió a las calles a peligrosos individuos, según sus prontuarios.

Concierto para delinquir, secuestro, hurto, homicidio, porte ilegal de armas, hurto calificado y tentativa de homicidio, son los delitos por los que habían sido capturados, pero al no haber un espacio en la Modelo para trasladarlos, tuvieron que ser dejados en los calabozos del citado comando de atención inmediata de la Policía.

Lo sucedido en la ciudadela Juan Atalaya no es el único caso de esta naturaleza, porque en abril de allí habían logrado evadirse cuatro homicidas. Esto demuestra que no es algo fortuito, sino que refleja que la ciudad registra una grave falla en materia carcelaria, que requiere pasar del discurso y la queja a buscar la solución de este complicado mal.

Y hay más evidencias que sirven para notificarles a las autoridades nacionales y locales que esto no da espera, si no queremos seguir asistiendo a espectáculos como el ocurrido en la Estación Centro, donde en agosto un peligroso homicida y atracador huyó, o como lo ocurrido a mediados de noviembre cuando se escaparon otros 17 presos del CAI del barrio Aeropuerto.

Cualquier ciudadano, al leer noticias como estas o verlas por los medios digitales, de inmediato lo que piensa es que el hampa va ganando la partida, porque sin importar que los detengan, sus miembros se las ingenian para fugarse de las también hacinadas celdas policiacas, donde se estima que hay por lo menos 800 capturados esperando para ser llevados a la cárcel.

En lenguaje de los analistas, las fugas de señalados delincuentes  motivadas por esta gran debilidad del Estado, lo que inmediatamente hacen es  disparar la de por sí ya inatajable percepción de inseguridad que se siente en todos los rincones de la ciudad.

Lo que está sucediendo confirma, entonces, que así hayan pasado muchos años sin que nadie le hubiera puesto el cascabel al gato, pues es la hora de proceder a la construcción de la cárcel municipal pero al mismo tiempo que desde el Ministerio de Justicia se proceda a ampliar la  Modelo.

Este debe de ser el momento en que se le plantee al gobierno del presidente Iván Duque la adopción de un plan de emergencia carcelario para la ciudad que incluya los dineros o el apoyo mediante una cofinanciación para construir bien pudiera ser una cárcel metropolitana, puesto que de lo contrario la próxima escapada de presos puede a tener trágicas consecuencias y esto no debe suceder.

La Procuraduría, la Defensoría, la Personería y las organizaciones de derechos humanos deben de hacer causa común para que la solución llegue.

Paralelamente a ello hay que  pensar en otras formas del manejo de quienes hoy están tras las rejas pagando por algún delito, como es el de plantearse una especie de granja-cárcel o algo por el estilo en uno de los corregimientos de Cúcuta.

Ahí se podría desarrollar un sistema paran que dicho establecimiento sea autosuficiente con la producción de los alimentos para los internos, que aparte de trabajar en la agricultura y la ganadería, podrían contar con otros espacios para la educación y su recuperación social.