Norte de Santander es un departamento de Colombia, luego es reprochable que el Gobierno del presidente Duque -que tuvo aquí un gigantesco respaldo electoral- lo discrimine y les dé la espalda a los empresarios y trabajadores al no autorizar la apertura comercial de la frontera con Venezuela.
Hay que respaldar lo dicho por el presidente del Comité Intergremial, Carlos Luna, de que “es una vulgaridad el tratamiento” a la región, mientras que por La Guajira sí hay libre paso de camiones y mercancías para el intercambio colombo-venezolano.
A Duque hay que preguntarle por qué el territorio nortesantandereano -donde comienza Colombia- debe contentarse con una frontera llena de criminalidad y economías ilegales, mientras no se le permite su apertura aduanera que en 2013 marcaba exportaciones, por Cúcuta, de 1.015 millones de dólares hacia el vecino país.
Es paradójico que en Bogotá se hable con insistencia de reactivación y cuando el sector privado de esta parte del país quiere hacerlo, lo que recibe es un portazo de la DIAN olvidando que aquí una manera de salvar el tejido empresarial y rescatar miles de empleos es exportándole a nuestro cliente natural, cruzando el Táchira.
Y el desespero tiene sus fundamentos. Las exportaciones desde esta zona se derrumbaron a cero, 35 empresas de transporte de carga se quebraron o se fueron de la ciudad, de 68 agencias de aduanas que operaban, hoy solamente tres permanecen abiertas.
Esta región resulta tan importante en el campo del intercambio comercial, que por aquí se movían 300 tractomulas, diariamente, para atender ese otrora intenso flujo interfronterizo.
Y el poder central no podrá salir con el cuento de que al país gobernado por el dictador Maduro nada se le vende, puesto que en el primer semestre del presente año se le despacharon 154 millones de dólares en exportaciones, proyectando la Cámara Colombo-Venezolana ventas por 300 millones de dólares en todo 2021.
Desde la racionalidad económica, resulta absurdo que alguien en Norte de Santander concrete un negocio con un importador tachirense y para despacharle las mercaderías de manera legal, tenga que irse hasta Paraguachón (La Guajira) y soportar un sobrecosto de hasta ocho millones de pesos para hacer dicha exportación, además de multiplicarse el tiempo de recorrido.
Tampoco se compadece el hecho de que mientras llevemos a cuestas un desempleo del 16,9% y una informalidad del 69,6%, resulte imposible por decisión oficial rescatar miles empleos entre el transporte de carga, las agencias aduaneras y otros sectores vinculados al comercio exterior, aparte de haberse podido generar unos 120.000 nuevos puestos de trabajo, en seis meses, en ambos lados de la frontera.
Vale advertir que la anticonstitucional actitud del Gobierno Nacional con Norte de Santander bien puede ser llevada a los tribunales, porque Colombia es una república unitaria, luego se está violando el artículo primero de la Carta Magna, a la vez que se están conculcando los principios a la legalidad y los derechos a la igualdad y al trabajo.
El Estado colombiano debe entender que los nortesantandereanos no tenemos la culpa de sus enfrentamientos ideológicos con el régimen venezolano y que tampoco merecemos este tratamiento de cuarta categoría, porque así como nos exige sacrificios también debe permitir que la región fluya como lo ha hecho siempre en armónica vecindad entre miles de habitantes para quienes no existen las fronteras políticas ni económicas.
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