La Guajira y Norte de Santander comparten características similares en materia geográfica al ser fronterizos con Venezuela y en sus problemas se parecen mucho, pero hay un detalle no explicado que aparte de generar sinsabor deja entrever que la Constitución y la ley colombiana se aplican de manera distinta en esos territorios.

No se entiende por qué por el paso fronterizo de Paraguachón sí hay intercambio comercial con el vecino venezolano, donde la DIAN tiene contacto para los trámites aduaneros con el Seniat, sin que eso signifique un reconocimiento u oxígeno al régimen de Nicolás Maduro.

En cambio, nada ha valido para tratar de que lo mismo vuelva a darse desde Norte de Santander hacia el Táchira y otros estados venezolanos, porque la contestación gubernamental es que con la dictadura chavista no hay relaciones ni acercamiento alguno.

Esta atípica situación al ser contrastada con el artículo primero de la Carta Magna, donde se afirma  que Colombia es una república unitaria, permite reflexionar que  los nortesantandereanos están en todo su derecho de reclamar una frontera comercial abierta y que el paso de camiones y de  mercancías debe de habilitarse sin dilación alguna.

Por algo será que la dirigencia gremial en una carta pública planteó la necesidad de “hacer valer nuestros derechos y principios constitucionales de legalidad e igualdad”, teniendo en cuenta que estaríamos frente a una actitud discriminatoria, sin fundamento.

Ojalá el presidente Iván Duque, la dirección de la DIAN, el ministerio de Comercio y el ICA respondan a este clamor enviado desde Norte de Santander: “somos empresarios que queremos y necesitamos ejercer nuestro derecho al trabajo en las mismas condiciones que rigen por la frontera de La Guajira”.

Revisando las cifras producidas por la cancelación desde hace dos años de la operación comercial binacional por esta frontera, hay una clara advertencia que el impacto ha resultado negativamente fuerte.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, maneja el dato de que apenas quedaron operación tres de las 68 agencias de aduana que funcionaban en esta parte del país, dejando sin empleo a por lo menos 300 personas.

Y si allí la cuestión ha estado complicada desde que en 2019 se paralizó el intercambio comercial legal, el sector de carga también registra un frenazo en su actividad, como lo señalan los datos que maneja Colfecar en la región.

En ese renglón se perdieron 3.500 empleos directos e indirectos, porque era de tal magnitud ese flujo, que debía de ser atendido por 300 tractomulas, diariamente.

Hoy el asunto es tan complejo para el empresariado que para hacer una exportación hacia Venezuela, la mercancía tiene que ir hasta  Paraguachón y luego cruzar a Maracaibo, en un recorrido total desde Cúcuta de 1.168 kilómetros, que en tiempo llega a superar las 21 horas.

Si el paso entre la capital de Norte de Santander y Táchira estuviera habilitado para el comercio bilateral, ese traslado se haría en 7 horas y se recorrerían solamente 420 kilómetros.  

Hay que insistir en que la salud  de la economía, el cuidado del empleo y la protección del tejido empresarial, requieren de un manejo no ideologizado de la diplomacia al momento de hacer negocios con los vecinos, como lo hacían Chávez y Uribe, que aunque eran polos opuestos, tuvieron un intercambio   comercial tan intenso que en 2007 Colombia exportó 5.270 millones de dólares y en 2008 batió el récord con 6.071 millones de dólares.

Los dos mentores de Duque y Maduro entendieron –en su momento- que una cosa era la ideología política que muchas veces los enfrentó con fiereza, pero que eso no podía debilitar la economía de sus pueblos.