Este fin de semana circularon en redes sociales conmovedoras imágenes del reencuentro de un joven empresario cucuteño y su familia, tras regresar de casi un mes de cautiverio.

El padre recibía de rodillas a su hijo, que acababa de recuperar su libertad después de haber sido secuestrado el 25 de noviembre en su finca en Tibú, en el corazón del Catatumbo, por hombres que portaban brazaletes del Eln.

Se desconocen hasta el momento los pormenores de la liberación, pero el sufrimiento al que fue sometida su familia y las lágrimas de su esposa e hijas por volver a tenerlo en el seno de su hogar nos hacen recordar los peores momentos de la guerra en este país, en los que el secuestro era una noticia cotidiana.

Desafortunadamente, el caso del empresario del turismo y de la palma no es un hecho aislado. Norte de Santander se ha convertido en el departamento con mayor número de secuestros del país, afectando desde empresarios hasta miembros de la Policía y del Ejército y jóvenes vinculados supuestamente con microtráfico y hurtos.

Según reportes de prensa, actualmente siete personas permanecen privadas de la libertad, seis de ellos son civiles y uno es militar. A comienzos de noviembre en El Tarra, siete muchachos fueron secuestrados por las disidencias de las Farc, que a través de un video anunciaron que se encuentran bajo su poder por ser consumidores de estupefacientes.

Estos datos son simples aproximaciones, pues la policía y el ejército suelen guardar silencio frente a estos casos. Al panorama del Catatumbo, se suman los casos de secuestro exprés en Cúcuta y su área metropolitana. Aunque sobre estos casos tampoco hay evidencia en las estadísticas, se han conocido casos que hoy tienen a los habitantes de esta frontera preocupados por otro fenómeno de violencia que se suma a la ya deteriorada situación de orden público.

Los casos de secuestro exprés recientemente conocidos dan cuenta de una nueva modalidad: el falso servicio. Consiste en que los delincuentes solicitan servicios de distintos tipos a zonas apartadas del área metropolitana, logrando que quienes los ofrecen se desplacen hasta un punto desconocido, donde son abordados y retenidos por varias horas. La condición para liberarlos en entregar una suma de dinero que suele estar entre los 5 y los 8 millones de pesos. Son secuestros que duran horas y que aparentemente no dejan rastro.

Dos hechos conocidos recientemente -el del conductor de la grúa asesinado y el del propietario de una ferretería- así lo confirman. A estos casos de secuestro y extorsión, se suma la crispación de la comunidad por cuenta de los atentados con explosivos, que ha llevado a la gente a tal estado de ansiedad, que en los últimos tres días hubo al menos 7 alertas de posibles explosivos en distintos puntos de la ciudad.

Mientras todo esto ocurre, la sensación generalizada es que nada cambia: más allá de los consejos de seguridad y de anunciar aumento del pie de fuerza, no se perciben estrategias diferenciales que contengan esta sensación de estar perdiendo la batalla frente a la delincuencia.

¿Tendrán que vivir las nuevas generaciones las oscuras épocas de terror que ya creíamos superadas? ¿Serán capaces las autoridades de desmantelar esta gran cantidad de fuerzas obscuras, que tienen sitiada a la población en nuestra región? Esperemos que así sea, aunque sólo el tiempo lo dirá.

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