La patria potestad en Colombia se les reconoce a los padres sobre sus hijos y es regulada por los Códigos Civil y de la Infancia y la Adolescencia. Luego no se entiende de donde sale que esta función corresponde al Estado, dándose a entender que los menores de 18 años pudieran ser tomados por el Gobierno nacional de turno, como lo dejara entrever el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La alarma quedó activada cuando el funcionario en un acto público sobre la necesidad de vacunarse contra la fiebre amarilla aseguró que “de todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado” y al mismo tiempo  ratificó que “la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”.

Solamente en donde impera el totalitarismo se le da la potestad al Estado para que entre, por la fuerza, la represión y la amenaza, a sustituir y a ejercer la misionalidad reservada a las familias, con claros propósitos de extender el control y la opresión sobre toda la sociedad.     

Dentro de la cascada de críticas recibidas, al jefe de la cartera de Salud le valió ser comparado con el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien en una oportunidad habló de una autoritaria fórmula muy parecida a esta al proponer que los niños de 3 a 20 años debían ser enviados a ‘círculos infantiles’, en donde estarían bajo la supervisión estatal.

Los  hogares colombianos requieren una respuesta clara y sustentada tanto del ministro como del Instituto de Bienestar Familiar y de la Presidencia de la República porque ese tipo de consideraciones oficiales generan preocupaciones, máxime cuando en ninguna parte se encuentra  consignado que bajo la égida estatal están la patria potestad de los menores de edad.

Además, resulta francamente inentendible que desde la administración nacional surjan esta clase de advertencias sombrías y propias de regímenes antidemocráticos y en cambio sí no tenga la suficiente fortaleza para garantizarles los derechos a la vida, a la salud, la educación y el ambiente sano a los niños colombianos que vive en medio de graves amenazas.

Por ejemplo, tenemos el caso del  reclutamiento forzado infantil, que el año pasado arrojó 533 casos,  323 de niños y 210 niñas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. De dramas como este es que deberíamos estar debatiendo en Colombia en búsqueda de aplicarles severos castigos a los miembros de los grupos armados que nutren sus ejércitos con combatientes de corta edad.

Y en lugar del ministro de Salud incurrir en ese tipo de desatinadas y extrañas consideraciones que lo único que hacen es  restarle credibilidad al Estado entre los ciudadanos, debería más bien estar liderando planes y acciones contra la diabetes infantil, la desnutrición y las enfermedades agresivas que los atacan y proteger la salud mental de los adolescentes.
Igualmente, es necesario que Jaramillo, con la vehemencia que habló de la patria potestad estatal, intervenga de la misma manera para que el Estado los defienda y proteja de los agresores sexuales, de los traficantes de personas, de la delincuencia que los instrumentaliza y de quienes  los explotan.

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