Al romperse la normalidad, al igual que en aquellos tiempos de la pandemia, Norte de Santander incorpora hoy a su cotidianidad elementos propios de una zona de guerra con figuras extraordinarias como el de un comandante militar para el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios del Cesar.

La esperanza ciudadana es que el despliegue de tropas, equipos y pertrechos militares junto con las medidas de excepción que empezó a adoptar el Gobierno nacional arrojen los resultados esperados para rescatar la seguridad y la paz en la región y desarrollar los planes de inversión en las diferentes áreas seleccionadas.

Que el drama y el dolor que agobian a los desplazados y a quienes han perdido a sus familiares en medio de la confrontación en esa subregión nortesantandereana no sea en vano y este difícil momento sirva para enrumbarse hacia la emancipación del Catatumbo con la  expulsión de los violentos, la sustitución de los cultivos ilícitos y el posicionamiento del Estado en todos los municipios que lo integran.

Obviamente respetando los derechos humanos, el Gobierno nacional junto con las Fuerzas Armadas y la institucionalidad no pueden perder la oportunidad de rescatar este rico y diverso territorio, cerrando el ciclo de abandono y olvido al que ha estado condenado durante décadas.

Igualmente debe servir para que el equipo que maneja todo lo relacionado con la política de ‘Paz Total’ la revise y examine a profundidad al tenor de la guerra que estalló en tierras catatumberas entre el Eln y la disidencia de las Farc, admitiendo que está en una grave crisis y su credibilidad al borde del agotamiento por lo ocurrido aquí. Y no es para menos porque si vamos a los estremecedores datos del PMU, se tiene que desde el estallido de las hostilidades, hace 16 días,  se han registrado 52 muertes violentas confirmadas.

Un aspecto que sirve de termómetro para calcular los graves niveles de violencia ha ocurrido en Teorama, municipio con 21.500 habitantes, y en el que la cifra de homicidios ya asciende a 21, mientras que hay 98 personas desplazadas y 9.000 confinadas.

En total de los municipios del Catatumbo han salido huyendo de la violencia y el hostigamiento por parte de los grupos armados 52.094 habitantes, siendo Cúcuta el mayor municipio receptor al recibir a 23.066, segundo Tibú con 13.541 y tercero Ocaña al que han llegado 10.285, que confirman la inmensa crisis humanitaria que se vive en el departamento.

Las cadenas de la violencia tienen que romperse definitivamente. Hay que reconstruir el tejido social de la concordia, la paz, la seguridad, la educación, el desarrollo, el progreso productivo y que las obras anunciadas y programadas se cumplan y no se enreden entre la burocracia y la corrupción. El Gobierno nacional debe entender que la región no se merece ni resistiría un incumplimiento más.

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