La crisis del Catatumbo muestra una degradación en el accionar del Eln que al hacer trizas el Derecho Internacional Humanitario ahora actúa como una organización criminal que desea imponer su dominio sobre esa subregión de Norte de Santander.

De la más alta peligrosidad es la situación de las familias que han retornado a sus tierras para no perderlas, y al llegar se encuentran con guerrilleros durmiendo en sus camas y las casas llenas de elementos para hacer explosivos.

Esta utilización de la población como escudo para protegerse de la operación ofensiva lanzada por las Fuerzas Militares dejó al descubierto que el Eln no tiene áreas campamentarias, sino que están dentro de las casas de los habitantes del Catatumbo, vestidos de civil, según la advertencia que hiciera el general Giovanni Rodríguez León, comandante de la Segunda División del Ejército.

Todo esto lo prohíbe el DIH.En situaciones de conflicto interno como la que se registra desde hace 24 días en territorio catatumbero se plantea el principio de distinción, que tiene su desarrollo en el artículo 13 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra.

El mismo indica que “las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.

Frente a lo que hoy hace el Eln, el artículo 52 crea la presunción de que los bienes utilizados generalmente con fines civiles, tales como los lugares de culto, las viviendas y las escuelas, no son empleados para contribuir efectivamente a la acción militar.

Pero hay más argumentos demostrativos de que el Eln rompió los mínimos humanitarios. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que, en el caso de un conflicto armado internacional o no internacional, los ataques dirigidos intencionalmente “contra  bienes civiles y edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que estos edificios no sean objetivos militares” serán considerados como crímenes de guerra.

Por lo tanto hay suficiente material para que la comunidad internacional tome atenta nota sobre los acontecimientos ocurridos en el Catatumbo y empiece a armar expedientes desde el campo del DIH y los derechos humanos contra los cabecillas del Eln por todo lo sucedido, lo cual aleja aún más cualquier opción de reanudar las negociaciones de paz.

La confirmación de que la congelación seguirá la dio el consejero de Paz, Otty Patiño, quien describió que el Eln desaró en el Catatumbo una acción pensada, planificada y ejecutada con crueldad y sevicia. “Fue un ataque, un ataque brutal del Eln. Y eso de alguna manera acabó con una fase de apertura del Gobierno frente a esta organización”, insistió.

El cruel escenario de guerra desatado en esta parte del país indica que a la administración del presidente Gustavo Petro le corresponde revaluar su política de ‘Paz Total’, no ceder ante los grupos que toquen esa puerta ni tampoco desligar la seguridad de la consecución de la paz así como tampoco olvidar que invertir en infraestructura, educación y desarrollo productivo es la forma de consolidar estos procesos.

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