El Día Mundial de la Salud es un momento para reflexionar, analizar y debatir sobre este aspecto que tiene que ver con la vida y el bienestar de los humanos.
Aquí en Colombia la conmemoración de esta fecha nos encontró con una serie de hechos que están diezmando el sistema a extremos de estar perdiendo capacidad de hasta ofrecer los medicamentos a los pacientes y usuarios.
Como si fuera una serie de las plataformas de contenido multimedia, todos los días y a cada hora surgen más hechos, escándalos y denuncias de mayor gravedad que los anteriores, generando honda preocupación entre los ciudadanos que se enfrentan a un también más deteriorado servicio.
Al Gobierno nacional parece habérsele olvidado el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 que le ordena al Estado la atención de la salud de los colombianos y le precisa el deber de garantizarles a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Una sencilla verificación con lo que sucede en las calles confirma que nuestra Carta Magna describe muy bien una de las funciones del Estado Social de Derecho que a la hora de la verdad no se está cumpliendo por múltiples razones.
Tenemos EPS quebradas. Otras intervenidas. Hospitales en agonía por millonarias deudas. Pacientes con tutelas para que les den una cita especializada, enfermos haciendo largas filas para que les entreguen un medicamento. Y, lo que es peor, denuncias contra la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeña como superintendente delegada de la Supersalud, por presuntas presiones.
Eso sin contar los desvíos de recursos, el represamiento de millones de facturas como se detectó en la Nueva EPS, lo mismo que el cierre de servicios a los usuarios, la tardanza en las cirugías y muchas complicaciones más de un sistema que a junio de 2024 sobrellevaba una deuda de las EPS con clínicas y hospitales por $18,9 billones y que ya supera los $20.3 billones. Más del 55% de esa cartera es vencida, lo que significa que son pagos atrasados que no han sido cubiertos por las EPS ni por el Estado, como lo advirtió la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales.
En la situación que se enfrenta no se descartaría la opción de interponer acciones ante los organismos especializados por una violación a la Constitución Política por parte del gobierno, en lo referente al artículo 49, porque cada vez se advierte es que el servicio sigue en franco deterioro con riesgo de quedar postrado en cuidados intensivos.
Dentro de uno de los objetivos del Día Mundial de la Salud que es tomar conciencia sobre este derecho básico, se requiere una gran veeduría a lo que está ocurriendo con la crisis acelerada por un lado y la insistencia de una reforma, que ha recibido múltiples cuestionamientos y alertas.
Las dudas abundan y hacen pensar que pudiéramos terminar en una encrucijada donde la el remedio resulte siendo peor que la enfermedad al haber temores de incumplimientos mínimos constitucionales, dificultades en el acceso y calidad de los servicios, incertidumbre en la gestión financiera, eliminación del aseguramiento en salud, mayor riesgo de corrupción, riesgo de precarización y falta de aval fiscal, como lo advirtieron varios exministros y exviceministros de Salud sobre el proyecto de Ley 312 de 2024.
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