La descertificación de Estados Unidos contra Colombia, aunque no contempla sanciones ni recorte inmediato de asistencia, sí es una mancha que puede llevar a generar traumatismos diversos para el país.

Y es fue muy contundente la Casa Blanca cuando precisó: “he designado a Colombia como un país que ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones de control de drogas”.

En estos momentos, hacer parte del listado de naciones que perdieron la certificación en su lucha contra las drogas ilícitas -al lado de Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela- lo convierte en una especie de paria.

Sin duda eso produce ruido. Algo que los estados y gobiernos siempre se esmeran por cuidar como lo es la confianza inversionista para atraer capital extranjero, figura entre los escenarios que enfrentarían mayores dificultades por la medida de castigo.

Al cargar con esa descalificación un ambiente lleno de incertidumbre se cierne sobre la economía colombiana que puede verse afectada por delicadas situaciones de diversa índole, siendo una de ellas que la inversión extranjera se frene o reduzca sensiblemente.

Incluso, aunque la descertificación fue sin sanciones al tratarse de un compás condicionado, hay que tener cuidado con sus implicaciones negativas en el campo de los créditos y el comercio exterior, que son unas fuentes de recursos muy importantes para Colombia.   

No se puede tapar el sol con un dedo y desconocer que ahora en el escenario internacional nos ven como un país con un altísimo crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína y que, además, incumplió las metas de erradicación planteadas por el propio Gobierno nacional.

Como lo acaban de advertir lo más importantes gremios económicos podrían generarse presiones sobre el dólar y la estabilidad macroeconómica, complicaciones en la relación comercial bilateral y una menor disposición de empresas estadounidenses para establecer operaciones en el país.

Pero también el turismo, sector que ha tenido un gran dinamismo es posible que se resienta ante un eventual deterioro de la calificación del riesgo país, desde el campo de la seguridad, teniendo en cuenta que el narcotráfico es el combustible del conflicto interno.

Luego el presidente Gustavo Petro y su gobierno durante lo que resta de mandato tienen que emplearse a fondo para el cumplimiento de las metas trazadas por Washington, con el fin de evitar que finalmente seamos objeto de una cascada de sanciones y de diversa índole, todas ellas absolutamente riesgosas para la estabilidad del país.

Por eso la salida no puede ser de más confrontación verbal como sucedió en el Consejo de Ministros de la noche en que se conoció la medida emitida por Washington. El jefe de Estado debe recordar que existen los canales  diplomáticos por medio de los cuales, por ejemplo, puede plantearle al gobierno de Donald Trump que se le hagan ajustes a la política antidrogas.

Sin embargo, como estadista y gobernante de Colombia es requerido que para revertir la decisión trace y ejecute un plan de choque con resultados trimestrales medibles y verificables en reducción neta de coca, interdicción de insumos y precursores, extinción de dominio, debilitamiento financiero de las mafias, y un aumento sustancial en enjuiciamientos y extradiciones.

Y para  que eso se refleje en la seguridad de regiones como el Catatumbo. Norte de Santander, Nariño, Cauca, entre otras, deberá emplearse a fondo por la recuperación de la seguridad y la presencia estatal integral en el territorio, que no solo sea militar sino de inversión, sustitución por economías legales y desarrollo socio-económico.

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