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Editorial
Caso del volteo
Desde hace varios años la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones sobre hechos similares en 17 departamentos del país.
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La opinión
La Opinión
Viernes, 6 de Octubre de 2023

Lógicamente que esto no se quede en un titular de prensa y su respectivo despliegue informativo es lo que espera la sociedad en cuanto a un caso relacionado con las tierras potencialmente urbanizables en los municipios, que tampoco escapan de las trampas, las  acciones ilegales y la exigencia de coimas a cambio de entregar permisos y demás documentos.

“Denuncian cartel de volteo de tierras en Los Patios”, se leyó ayer en grandes caracteres en la primera página de La Opinión en una noticia ubicada al lado de la foto sobre el simulacro de respuesta a emergencias.

La luz de la justicia es necesario que  brille en esta clase de hechos directamente relacionados con la expansión de zonas para el desarrollo de proyectos urbanísticos, tan esenciales para atender por ejemplo el déficit habitacional y sobre esa base, el mismo municipio verse favorecido con un crecimiento en los recursos propios por concepto del impuesto predial.

Y aún más, porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene que quedar ‘blindado’ contra cualquier opción de violentar la normatividad relacionada con el uso de suelos para la incorporación de predios al área urbana, que es donde se concentra buena parte de los riesgos que finalmente favorece a quienes actúan desde las sombras para torcer las regulaciones.

Además esa clase de operaciones al margen de la ley, como las denunciadas por el constructor que decidió hacer pública la situación, lo único que hacen también es cubrir con mayores mantos de incertidumbre el renglón económico de la construcción y venta de vivienda nueva.

Esto porque en momentos que se hablan de serias dificultades para mantener la actividad a niveles de otros años y de superar inconvenientes como el de la asignación de los subsidios, que emerja algo como lo señalado en Los Patios, de lógica que motiva inquietudes y dudas entre los financiadores y hasta de los compradores, porque nadie quiere arriesgar su capital si la confianza inversionista no está lo suficientemente clara.

Y es el municipio con sus representantes el primero que tiene la obligación de generar ese buen ambiente para los negocios y permitir que la competitividad -componente en el que estamos tan débiles- mejores los índices de comportamiento.

Lamentablemente no sería raro que en las próximas mediciones  se caiga en la calificación por este delicado asunto del volteo de tierras, con poderosos tentáculos, como fue denunciado y que la Procuraduría tiene en sus manos develar y llevar hasta las últimas consecuencias.

Permitir que las familias puedan tener acceso a la vivienda digna, siendo propietarias, es un derecho al cual no se le pueden atravesar obstáculos  rayanos con el Código Penal y que derrumban las reglas urbanas para hacer  municipios incluyentes y solidarios con sus ciudadanos que no deben ser vistos como un número más sino reconocerles sus derechos y garantizarles que puedan cumplir los deberes.

   Algunos datos señalan que en el país, desde hace cerca de  cinco años el Ministerio Público investiga 46 casos de irregularidades en los Planes de Ordenamiento Territorial en 17 departamentos, lo cual es un indicativo de lo delicado que se ha vuelto la denominada ‘mina de oro’ de la corrupción urbana.

Por eso, volviendo a la primera página del jueves, al igual que nos preparamos para enfrentar terremotos, incendios e inundaciones, ¿cuándo será el simulacro para intentar corregir colectivamente  el desastre que por todos lados ha dejado la corruptela?

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