Los cucuteños ya pensaban que por estas tierras no pasaría nada y que aquellos que han utilizado la corrupción para apoderarse de los recursos públicos, tan escasos y costosos de conseguir, seguirían haciendo de las suyas sin que el aparato de justicia los alcanzara.

Pero ocurrió lo inesperado y ahora sucede que la extinción de dominio comenzó a aplicárseles a quienes utilizando prácticas para apoderarse de los dineros del Estado se enriquecieron.

Y aquí llega a suceder la contradicción.  Esa figura mediante la cual se logra la recuperación, así sea parcial, de los daños económicos generados, resultó golpeando a personas de escasos recursos económicos en un barrio de estrato bajo en la capital de Norte de Santander, que nació después de la invasión inicial de predios.

Se trata de El Oasis, que ahora vive en un ambiente desértico, porque sobre los lotes donde se levantaron las mejoras, llegó la orden de extinción de dominio, puesto que las investigaciones han permitido evidenciar que fueron adquiridos como producto de la corruptela.

Los 90 predios afectados en ese sector de la ciudadela Juan Atalaya por la medida adoptada por la Fiscalía, tienen relación con el proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la Corporación Paz y Futuro, por un presunto acto de corrupción. Esta organización está implicada en el escándalo por el contrato del PAE en 2016, que llegó a los estrados judiciales.

Esos son los que podríamos llamar efectos colaterales y cuya determinación final tendrá sin duda un largo trámite jurídico hasta que finalmente se llegue a la sentencia final del caso relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y a la opción que se adopte frente a estos terrenos invadidos y ahora cobijados por la medida.

Surge ahí una disyuntiva para cuya resolución y aclaración es bueno irse anticipando por parte de las autoridades municipales, respondiendo dos sencillos interrogantes: ¿serán a futuro desalojadas las casas que se levantaron ahí? ¿Si la extinción se concreta, podría tenerse una opción social para las familias que en el pasado invadieron esos predios?

 Esta cara de la moneda de ese caso específico nos demuestra como la acumulación de males (el de la invasión, el de la falta de legalización y ahora el de  la extinción) generan un cóctel de serias complicaciones al que se le debe poner la debida atención desde todos los órdenes.

E igualmente El Oasis va a camino a convertirse en el ‘emblema’ sobre como las maniobras para darle una utilización indebida a los dineros destinados a planes sociales, terminan generando impactos negativos de diversa índole, que se expanden como una onda.

Es que todos creían que serían mansiones, lujosos apartamentos, carros de alta gama, joya, dinero y otras pertenencias, pero nunca que  “en estos momentos la Sociedad de Activos Especiales podría decirles a las personas (del humilde barrio El Oasis) que le paguen un arriendo por seguir viviendo en esos predios”, como lo precisó el abogado Juan Camilo Páez.  

Sin anticipar lo que pueda pasar cuando terminen los procesos -donde dado el caso a la Alcaldía le correspondería entrar a comprar esos terrenos si queda en firme la extinción para no golpear a las familias que viven allí- ello nos refleja que la corrupción es un mal de mil tentáculos que debería ser urgentemente extirpado porque ha llegado hasta provocar que un oasis se vuelva en una tierra sin futuro.

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