Cuando ya el tiempo está llevando a Colombia a una nueva jornada democrática como la prevista para el próximo 8 de marzo en la que se elegirán congresistas y se votarán tres consultas a la Presidencia, el ciudadano pregunta si hay plenas garantías para ir a las urnas.

Específicamente, la duda radica por los riesgos que la violencia implica para lograr un voto sin el peligro de ser hostigado  por los fusiles.

En Colombia, un total, 339 municipios están en riesgo por factores asociados a la violencia, precisó recientemente un informe de la Misión de Observación Electoral.

Y al poner la lupa en Norte de Santander nos encontramos con 18 de los 40 municipios situados en la franja de riesgo extremo, alto y medio entre los que figura Cúcuta, que como si fuera poco acaba de ascender al puesto 28 dentro del listado mundial de ciudades más peligrosas, como consecuencia de la alta tasa de homicidios registrada el año pasado.

Abundan las alertas y suenan las alarmas que se encendieron para indicar que en territorios como el Catatumbo, que tienen la opción de contar con una curul de paz en la Cámara de Representantes, la situación es complicada dese el punto de vista de orden público.

El botón de muestra de esa crisis se encuentra en la tierra  catatumbera donde se completan trece meses de guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

En las circunscripciones de paz, que en total cuentan con una bancada de 16 congresistas, la MOE el 96,4 % de los municipios que las integran sufre de algún nivel de riesgo por efecto de la injerencia de los grupos armados ilegales.

Al Estado junto con la Fuerza Pública  y la institucionalidad judicial les corresponde actuar con la contundencia y premura necesarias para prevenir el constreñimiento de los violentos contra los potenciales electores.

A todas luces se nota que Norte de Santander se encuentra entre las zonas en donde se deben hacer los mayores esfuerzos para darle la protección adecuada al voto libre por parte de quienes desde las violencia pretendan torcer la voluntad popular.

Recordemos que esas hostilidades pueden darse obstruyendo la posibilidad de acudir a las urnas bien sea por el confinamiento y el desplazamiento o mediante la intimidación para que se favorezca a determinadas opciones.

La tarea que les espera al Ejército y la Policía en los campos y ciudades en el departamento es de alta intensidad, porque cerca del 50% de los municipios presentan algún tipo de riesgo para los electores por la presencia e influencia de las organizaciones armadas al margen de la ley. 

Los delitos contra el voto relacionados con la violencia,  amenaza o presión a los votantes tienen penas de prisión que van  desde cuatro a nueve años y multas de 50 a 200 salarios mínimos. 
“El voto es un derecho y un deber ciudadano.

El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción (...)”, es la orden consignada en  el artículo 258 de la Constitución Política de 1991. Y si lo dice la Carta Magna pues hay que cumplirlo.

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