El nueve de febrero se celebró en Colombia el Día del Periodista, fecha empañada por amenazas, estigmatizaciones y acoso judicial contra los comunicadores sociales en el país, durante el año pasado, como lo documentó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Las 469 agresiones documentadas  contra 305 periodistas que equivalen a un 13 por ciento menos que en 2024 no significan que la situación para ejercer la labor de informar haya mejorado. “Por el contrario, los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad. El efecto fue silencioso, pero profundo”, reseña la FLIP.

Entre los principales enemigos señalados en la relación de amenazas hacia la  libertad de prensa se encuentran los desconocidos con 81 casos, seguidos por las bandas criminales (44), particulares (28), la disidencia de las Farc (20) y el Ejército de Liberación Nacional (16).

Muchos no soportaron los hostigamientos,  al advertir que sus vidas y el derecho constitucional de informar estaban puestos en la mirilla de los violentos  y se vieron obligados al desplazamiento forzado de las regiones en que se encontraban ejerciendo la profesión para ponerse a salvo.

Y dentro de la marejada de violencia que en el último año afectó a Norte de Santander, el departamento ocupa el segundo puesto dentro de la lista de ocho de donde debieron salir los comunicadores por razones de seguridad. Primero figura Antioquia (4), Norte (3), Nariño (2) y con uno Caldas, Córdoba, Guaviare, Huila y Magdalena, según detalla la FLIP, mientras otros siete tuvieron que partir al exilio.

Una conclusión preocupante expone la fundación al considerar que las amenazas se han convertido en una forma cotidiana y eficaz de censura en Colombia. Un mecanismo que obliga a callar, a esconderse o, muchas veces, a elegir entre la vida y el derecho a informar.

Pero si una situación es peor que la otra, también se advierte que la ‘artillería judicial’ es cada vez más usada por quienes tratan por todos los medios de entorpecer la tarea periodística.

En el informe de la FLIP se destaca que en 2025 documentó acciones de esa naturaleza contra 24 comunicadores de 21 medios afectados por lo que denomina “uso abusivo de las instancias legales como mecanismo de intimidación”.

Son los funcionarios de entidades gubernamentales que aparecen en investigaciones periodísticas los que más usan las acciones judiciales para querellarse frente a  esas publicaciones donde dejaron en evidencia sus presuntas actuaciones ilegales, en una proporción estimada por la FLIP en el 65 por ciento.

Es tan complejo el escenario que ya no son suficientes los crímenes ni las amenazas o los hostigamientos, sino que ahora se suman el lenguaje sexista y ofensivo para demeritar a los periodistas. Esto no es solo percepción; el año pasado fueron verificadas 19 agresiones de esta naturaleza hacia los periodistas, sus familias o sus identidades de género y orientaciones sexuales.

Muy grave que en Colombia, como lo deja expuesto la FLIP, el silencio, una vez más, fue el costo impuesto a quienes intentaron informar. Ese derecho a la información no puede ser conculcado ni por los corruptos ni por los violentos porque serán la democracia y la comunidad las que terminan siendo severamente impactadas.

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