En Norte de Santander, la reforma del Código Minero planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro trae una sombría amenaza para el empleo de miles de personas y el futuro de sus familias, puesto que apunta a frenar la producción de carbón térmico.
Por lo menos ya hay voces gremiales que se han alzado como son las de Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, y de Camilo Nariño, de la Asociación Nacional de Minería, para alertar sobre los riesgos que implica una medida de esa naturaleza.
Específicamente se habla de que, en cumplimiento del objetivo de avanzar en las metas de descarbonización, la autoridad minera no adjudicará nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico en el país, para el cual existen 1.000 títulos mineros, que tienen como mínimo vigencia hasta 2039.
A Cante le parece que se trata de un contrasentido, mientras que en opinión de Nariño ese tipo de prohibiciones no deberían contemplarse en el nuevo Código Minero, por los efectos adversos.
La economía regional y el empleo serían los más golpeados, mientras que a futuro podría llegar a debilitar el respaldo al sistema eléctrico nacional desde las termoeléctricas. Aquí en el departamento tenemos a Termotasajero que genera 335 megavatios, suficientes para atender el promedio de energía eléctrica de 700.000 hogares, y consume anualmente 90.000 toneladas de carbón.
No se puede caer en el ‘populismo ambientalista’ y, por el contrario, lo que debe hacerse es un cuidadoso análisis en el que se sopesen los pro y los contras con los correspondientes sustentos técnicos, financieros y sociales.
Hay que mirar, por ejemplo, que Colombia figura entre los cinco principales exportadores de carbón térmico con 54.5 millones de toneladas anuales y que Norte de Santander de los 2.2 millones de toneladas extraídas de ese mineral, el 70 por ciento es térmico.
No se trata de cifras menores, pues al momento de convertirlas en divisas para el país debemos hablar de 9.160 millones de dólares exportados en carbón el año pasado, en regalías para las regiones y en puestos de trabajo que reflejan su importancia en el comercio exterior y en el PIB.
Al detenernos un instante en el componente de empleo se advierte que en Norte de Santander el sector carbonero incentiva el 40 por ciento de la mano de obra ocupada en esta parte del país.
Luego, al desincentivar la producción de este mineral especial, miles de personas corren el riesgo de quedar sin fuentes de empleo, aparte de que no se garantiza que la transición, reconversión y diversificación lleguen a permitir tanto a los empresarios del sector como a la fuerza laboral generar los mismos indicadores actuales de productividad, de recursos económicos y de estabilidad social.
Elevar la pobreza, desatar más conflicto o empujar a la población a las economías ilegales no puede llegar a ser el resultado de una medida como la planteada por el Gobierno Nacional, con su reforma del Código Minero, para departamentos como Norte de Santander que requieren de mayor inversión y de incentivos para la creación de empresas.
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