El Gobierno nacional realizó la transferencia de 320 inmuebles pertenecientes a la Central de Abastos de Cúcuta a Prosperidad Social, con la finalidad de fortalecer la economía local, optimizar el acceso a la alimentación y aumentar la infraestructura pública del departamento. La medida quedó consignada en el Decreto 1343 del 10 de diciembre de 2025.

Los bienes, estimados en 5.039 millones de pesos, se destinaron a programas sociales y productivos enfocados en el impulso de emprendimientos, soberanía alimentaria e inclusión a poblaciones vulnerables. El valor de los predios será reconocido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como parte del proceso de liquidación que adelanta Cenabastos S.A.

De acuerdo con el inventario presentado por la liquidadora, a corte de agosto de este año, la empresa contaba con 446 inmuebles ubicados en Cúcuta, Pamplona y Ocaña. De la totalidad, los 320 que se entregaron están en la capital del departamento.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que las plazas de mercado cumplen un papel estratégico en las ciudades y en la economía del agro del país. “Es muy importante detener la estrategia de privatización que ha permitido que nuestras centrales de abastecimiento terminen convertidas en proyectos inmobiliarios”, indicó la funcionaria.

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Por otro lado, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, aseguró que la decisión va a garantizar que los bienes que ya hacían parte del proceso de liquidación, cumplan con una función social.

Además, resaltó que estos espacios van a fortalecer las economías populares, el abastecimiento de alimentos y la presencia del Estado, con esto, buscan impactar de manera positiva en las comunidades.

Los inmuebles serán administrados por el Prosperidad Social y su uso será exclusivo para programas misionales desarrollados desde la entidad, ya sea mediante su asignación a beneficiarios o mediante la incorporación a iniciativas productivas y sociales.

La entrega de los espacios  estará a cargo de la liquidadora y se tendrá que completar en un plazo de máximo seis meses, que empezaron a cortar desde el pasado 11 de diciembre.

El alcance de la medida va a depender de la implementación de los programas y el trabajo que desarrollen las autoridades locales, así como la capacidad de los inmuebles para acoger de manera efectiva las dinámicas económicas y comerciales de la ciudad.

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