Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), es centro de atención por estos días, debido a la demanda contra los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía por la falta de pago de los subsidios en las tarifas para los estratos 1, 2 y 3, la cual terminó en un embargo a las cuentas de la Nación.
Aunque la decisión judicial solo abarca una deuda de más de $41.654 millones por saldos insolutos, a la que suman alrededor de $5.259 millones de intereses moratorios, La Opinión conoció que la obligación financiera del gobierno de Gustavo Petro con CENS, a corte del 28 de febrero pasado, es de $153.000 millones.
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La compañía precisó a este medio que, de ese monto, $117.000 millones corresponden a 2024 y $35.000 millones a 2025.
“CENS, Grupo EPM, presentó la demanda con el objetivo de exigir el pago de los valores adeudados, por concepto de los subsidios, que se financian con cargo al presupuesto nacional y del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI)”, indicó la electrificadora.
De acuerdo con la empresa, el no pago de subsidios tiene un impacto financiero en la organización, en particular con la liquidez, aumento en las deudas y mayores costos financieros; incluso, puede llevarlos a reducción en las inversiones y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, “lo que puede afectar la prestación del servicio de energía en el área de influencia”.
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CENS señaló que el fallo a favor de CENS-EPM, emitido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, mejorará el flujo de caja y disminuirá la presión, lo cual permitirá cubrir los costos operativos de la prestación del servicio y las obligaciones financieras.
Igualmente, le ayudara a continuar con las inversiones planeadas, para garantizar la calidad y continuidad del servicio de electricidad a los usuarios de los 47 municipios de tres departamentos (Norte de Santander, Cesar y Bolívar).
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Vale recordar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que impugnarán la decisión, sin dejar de reconocer “algunas deudas, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior (de Iván Duque) y el Congreso actual”.
Aseguró que las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos, pues, junto a Hacienda, han hecho un acuerdo de pago, según la capacidad que tienen.
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