En medio de la incertidumbre de lo que pasará con la ley de financiamiento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una columna que escribió para LR el domingo, detalló lo que estarían dispuestos a modificar para que finalmente se apruebe este proyecto con el que buscar recaudar $16,3 billones para financiar una parte del Presupuesto de 2026.

Ávila explicó que estarían dispuestos a revisar la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, particularmente para la cerveza; y quizá la eliminación del impuesto al carbono en los $100 que impactan el precio de la gasolina.

De esta manera, el Gobierno de Gustavo Petro se juega su última carta para que el proyecto continúe su trámite, ya que sigue sin definir su futuro en las comisiones económicas del Congreso. Solo faltan siete días para que culmine la legislatura, por lo que es un hecho que la tributaria, sino se hunde en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado, irá a sesiones extraordinarias a mitad de mes.

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La ley de financiamiento se hundiría en debate en el Congreso con 11 votos en las comisiones terceras y con nueve votos en las comisiones cuartas del Congreso.

Una nueva posibilidad

Lo expuesto por Germán Ávila abre una nueva posibilidad para que la ley de financiamiento siga su curso en el Legislativo. Hay que recordar que los impuestos al carbono y a la cerveza han sido entre los que más debate y oposición han generado desde que se radicó la reforma tributaria a comienzos de septiembre.

Hay otros apartados de este proyecto que han generado oposición, como es el caso de los tributos financieros, y el aumento de la base gravable del impuesto al patrimonio. Sobre el primer impuesto, Ávila insistió en que este sector aún se encuentra entre los de menor tributación.

“Este sector se tributa con tasas efectivas de alrededor de 17%, mientras que los sectores de comunicaciones, industria y agricultura lo hacen a 28%, 27% y 26% respectivamente. Pero, además, sus utilidades han crecido extraordinariamente. A septiembre registraron $111,4 billones, mientras que para el mismo periodo de 2024 obtuvieron $95,2 billones”, explicó en el texto.

Sobre la preocupación por los cambios en el impuesto al patrimonio, el ministro aseguró que no están tocando los ingresos de la clase media, tampoco de los pequeños empresarios, que son los que componen gran parte del tejido empresarial del país.

Los que más recaudarían

En medio de los esfuerzos para que se apruebe el proyecto, Ávila destacó cuáles eran los apartados que aportarían mayor dinero para costear los gastos de la Nación. Aseguró que estiman recoger aproximadamente $3 billones por el impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco.

Insistió en mantener el impuesto al patrimonio, porque según sus cálculos, los tributos a las riquezas superiores a $2.600 millones le dejarían al país ingresos por $2,2 billones. Sin embargo, aclaró, que el mayor recaudo lo dejarían los que tienen fortunas superiores a $6.200 millones.

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El tercer impuesto que le dejaría importantes dividendos al país es el que se aplicaría a personas jurídicas con las mayores tasas a las instituciones financieras y al carbón, con un recaudo por $1,3 billones.

Es decir, que, por estos tributos, el Gobierno esperaría la obtención por $6,5 billones, mientras que el proyecto, que cuenta con más de 70 artículos, se busca aprobar por $16,3 billones.

La otra posibilidad

El trámite sigue trabado porque a mediados de la semana pasada se rompió el cuórum que impidió la votación del proyecto. Esto llevó a que la representante Katherine Miranda denunciara que la finalidad de la dilatación de este trámite es para intentar un estado de emergencia económica e imponer la tributaria vía decreto.

“La Corte ha dicho que solo procede ante un hecho sobreviniente, imprevisible y externo, no por derrotas políticas ni por una crisis fiscal”, advirtió.

En ello coincide el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien no cree que sea prudente ni conveniente. “Aquí no existe un hecho sobreviniente ni tampoco excepcional. Lo que estamos viviendo es el resultado de un gobierno que fue incapaz de haber hecho el recorte de gasto público y por eso acude a una ley de financiamiento que ni siquiera es capaz de solucionar la totalidad del déficit fiscal que vive el país”.

Destacó que, si finalmente se decreta esta emergencia, sería inoportuno utilizar este mecanismo constitucional.

Tomado de La República

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