El revuelo que genera la emergencia económica decretada por el Gobierno, que estableció el aumento del IVA del 5% al 19% a licores (aguardiente, ron, whisky, brandy y vodka), vinos y aperitivos, llevó al Ministerio de Hacienda a convocar para el próximo lunes una reunión con los gobernadores, especialmente con la veintena que se ha negado a aplicarlo.

La Opinión consultó al respecto a fuentes de la Gobernación de Norte de Santander, uno de los territorios que no se ha rebelado contra el decreto, las cuales informaron que el mandatario William Villamizar está presto a atender la invitación del Gobierno, para analizar el impacto que este tributo puede representar para las arcas departamentales.

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El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, explicó que la Corte Constitucional no ha manifestado todavía su decisión final sobre el decreto y que este se encuentra en proceso de estudio, debate y decisión.

“En Derecho hay algo que se llama presunción de legalidad. Por lo que, indiscutiblemente, quienes somos contribuyentes, por un lado, y quienes hacen parte operativa del cobro de tributos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. En ese sentido, se debería cumplir el decreto hasta tanto no haya una decisión de la Corte”, indicó Amorocho.

Respecto a si ese decreto se puede caer en el alto tribunal, el experto tributario destacó que hay opiniones encontradas en la parte jurídica, pero cree que, por las reacciones que ha levantado el impuesto, es posible que se pueda pedir una suspensión.

“Desde luego, Norte de Santander y los demás departamentos tendrían que buscar los mecanismos administrativos para poder llevar a cabo el recaudo del 19%”, apuntó.

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Afectará el recaudo local

El director de Impuestos de Crowe Co, Juan Carlos Arbeláez, aseguró que este impuesto le puede abrir la puerta al contrabando y al alcohol adulterado, ante el alza de los precios, y, por ende, a mayores riesgos para la salud.

Además, se traducirá en la reducción del recaudo, al disminuirse la ingesta de estas bebidas, las cuales, “en Colombia, no funcionan como un lujo, sino que son parte del consumo social”.

El experto en Hacienda Pública, Henry Amorocho, también expresó que afectará el comercio de licores, porque este tipo de mercado, desde hace tiempo, “se ha vuelto muy sensible al contrabando y al mercado negro”.

“El consumidor se va a trasladar al contrabando y esto va a hacer bajar las ventas en la mayor parte de los departamentos (las empresas tributarían menos por ese concepto). Entonces, nos quedamos sin el pan y sin el queso, porque, al caer las ventas, disminuye el recaudo. Desde luego, esto perjudica al sistema de salud, porque las transferencias del tributo van a ese sector”, agregó Amorocho.

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El abogado tributario dijo que, bajo ese panorama, se vaticina un fracaso de la medida, pues se evidencia que no hubo planificación, fue improvisada, no se concilió con las autoridades regionales y estaría lesionando el principio constitucional de autonomía territorial. Destacó que no ve la necesidad de un impuesto como este.

La veintena de gobernadores que se opone a la medida argumenta que esta es inconstitucional y desvía recursos de las entidades territoriales hacia la Nación. Y es que los gobiernos regionales deberán encargarse del recaudo y trasladar el 14% del impuesto al Ejecutivo nacional.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, manifestó que los recursos que provengan de este impuesto, que son “extraordinarios, temporales y proporcionales”, no afectarán las rentas de los departamentos.

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