El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó el aplazamiento de la radicación de la Ley de Financiamiento que estaba prevista para este viernes y anunció que el proyecto, con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca recaudar $26,3 billones, se entregará finalmente al Congreso el próximo lunes 1 de septiembre en horas de la mañana.
El acto de radicación se llevará a cabo durante la mesa de trabajo con las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara, que actualmente estudian el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, y una vez se presente la iniciativa, se realizará una rueda de prensa para explicar sus detalles.
El proyecto tributario es fundamental para completar el PGN propuesto por el Gobierno, que asciende a $556,9 billones.
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Aunque el texto oficial aún no es público, el ministro Ávila adelantó los puntos centrales que contendría la ley de financiamiento. Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y en debates presupuestales, explicó que la iniciativa contemplaría ajustes al IVA para bienes y servicios consumidos por los hogares de mayores ingresos.
Asimismo, se incluirían gravámenes a productos como el tabaco y el alcohol, impuestos al carbono y al consumo, un incremento del IVA para los juegos de suerte y azar en línea, impuestos a las iglesias y un aumento en las tarifas de renta y patrimonio para las personas de mayores recursos.
Desde el Ministerio de Hacienda se insistió en que ningún alimento de la canasta familiar básica será gravado con IVA. El objetivo, según la cartera, es lograr una racionalización del gasto tributario, incrementar la progresividad y adoptar medidas que favorezcan la transición energética y la salud pública.
Ávila defendió que esta ley "va a garantizar la estabilidad financiera del Presupuesto del 2026 y la de los próximos cinco años", al asegurar ingresos consistentes que mantendrán el equilibrio fiscal.
El anuncio de la reforma generó un fuerte rechazo desde diferentes frentes políticos y económicos. La senadora Angélica Lozano señaló que "la tributaria es tan alta que es imposible de aprobar", y recordó que el recaudo propuesto supera al de las últimas ocho reformas tributarias aprobadas en el país entre 2010 y 2024. De hecho, si se aprueba, sería la más ambiciosa de los últimos 20 años.
Por su parte, el economista y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, consideró que Colombia "no necesita más impuestos" y calificó la reforma de "inoportuna e innecesaria en este momento".
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Una de las voces más duras fue la del senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, quien rechazó lo que denominó "el trámite de una dictadura tributaria". Según Cabrales, el único objetivo del Gobierno es "recaudar $26,3 billones para sostener el derroche y la corrupción". El congresista también manifestó que, en el estudio del presupuesto, se propone "una reducción responsable de $39,5 billones".
A estas críticas se suman las de organismos técnicos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que cuestionó la falta de justificación para incrementar el gasto y el déficit primario apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Finalmente, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, sostuvo que "la mejor reforma tributaria es que cobren la cartera de la Dian" en lugar de afectar "al ciudadano de a pie".
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