La comunidad de Cañaverales, en el sur de La Guajira, se enfrenta a una amenaza urgente: el avance del proyecto ‘Mina Cañaverales’, promovido por la empresa Best Coal Company, filial de la multinacional turca Yildirim Holding.
El yacimiento, en donde se busca extraer más de 7 millones de toneladas de carbón en un periodo de 10 años, se proyecta dentro de una zona de reserva forestal protectora y a menos de dos kilómetros del manantial que abastece de agua a toda la población.
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Este megaproyecto ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad, que denuncia la falta de consulta previa, libre e informada, tal como lo exige el derecho nacional e internacional en favor de comunidades étnicas.
Además, alertan sobre los graves impactos ambientales, sociales y culturales que traería la explotación de carbón en un ecosistema altamente sensible, declarado territorio APA (Área de Especial Protección) y en general en un contexto de profunda vulnerabilidad climática.
“No estamos hablando sólo de una mina, estamos hablando de nuestra agua, nuestra agricultura, nuestros ancestros y nuestro futuro”, señaló la joven Luna Gámez.
La Audiencia Pública Ambiental convocada para el próximo 14 de junio representa un momento crucial para esta comunidad. En ella, esperan no solo exponer sus argumentos, sino también visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional la desigualdad del modelo extractivo, que sigue avanzando sobre territorios étnicos y rurales sin garantías reales de participación.
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Desde el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales indicaron que no son una zona de sacrificio, sino un territorio con historia, dignidad y derecho a decidir sobre su futuro.
El agua como símbolo de vida y resistencia
Cañaverales es una comunidad de vocación agrícola, profundamente ligada al territorio y al agua. La defensa del manantial no es solo una demanda ecológica: es un acto de preservación cultural, espiritual y de supervivencia.
Los habitantes denuncian que, incluso sin haber iniciado la explotación, ya han sentido los efectos de las exploraciones: contaminación acústica, pérdida de biodiversidad y miedo colectivo frente a la posible instalación del proyecto.
El integrante del consejo comunitario, Orangel Moya Ariza, manifestó que, desde que supieron que podía llegar el proyecto minero, la vida les cambió. “Hay ansiedad, hay tristeza. Pero también hay unión. Aquí no estamos dormidos. Estamos organizados y dispuestos a hacer respetar nuestros derechos”, apuntó.
Audiencia pública: oportunidad y riesgo
Corpoguajira convocó para 14 de junio la Audiencia Pública Ambiental, instancia formal en la que la comunidad podrá exponer sus argumentos frente al proyecto. Para los habitantes de Cañaverales, esta audiencia no solo es un trámite técnico, sino una oportunidad histórica para hacerse escuchar y dejar constancia de su oposición.
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, medios y líderes locales han alertado sobre posibles irregularidades en la difusión, preparación y garantías del proceso. La comunidad ha solicitado acompañamiento de observadores independientes y está a la expectativa de que Corpoguajira, de acuerdo a su misionalidad, garantice condiciones apropiadas de participación.
“Esta audiencia no puede ser una fachada para legitimar una decisión tomada. Pedimos que se escuche realmente a la comunidad y se respeten nuestras decisiones. Sin consulta previa, no puede haber licencia social ni ambiental”, reclamó la residente Geania Gámez.
Cañaverales lanzó un llamado urgente a la ciudadanía, ministerios, agencias de gobierno, medios de comunicación, organizaciones sociales, defensorías y movimientos ambientales, para que visibilicen este caso, acompañen el proceso comunitario y se pronuncien en defensa de los derechos fundamentales de la comunidad.
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El caso no es aislado. Se inscribe en un patrón nacional de proyectos extractivos que avanzan en zonas de alta fragilidad ambiental y social, donde habitan comunidades étnicas históricamente marginadas, sin que se garantice su derecho a decidir sobre su propio territorio.
Oscar Gámez Ariza afirmó que no se oponen al desarrollo, pero aclaró que “no existe desarrollo, cuando se atenta contra la madre naturaleza y se destruye la base misma de nuestra existencia”. Recordó que ya vivieron una transición: siembran y cuidan el agua, por lo que piden justicia.
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