El próximo 10 de junio, a las 7:30 a.m., la estación de TransMilenio de la Calle 100, en Bogotá, será escenario de una acción ciudadana que busca visibilizar y presionar por la aprobación de un proyecto de ley que reconoce el derecho de los trabajadores con contrato por Orden de Prestación de Servicios (OPS) a recibir una prima anual equivalente al 25% de sus honorarios mensuales.
La acción liderada por el colectivo Jóvenes de Incidir para Existir y El Avispero (una red ciudadana de más de 150.000 personas) busca enviar el mensaje ‘¿Dónde está la prima?’, en relación al texto que ya superó su primer debate y está a la espera de ser agendado para su segunda discusión en la plenaria del Senado.
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De acuerdo con ambas organizaciones, si bien aspiran a que el debate se dé antes del 20 de julio, fecha en la que finaliza la legislatura, el proyecto no muere si no se discute antes de ese plazo.
“Sin embargo, el momento político es clave y, por eso, queremos aprovechar esta coyuntura para seguir impulsando la conversación sobre los derechos laborales de quienes hoy sostienen buena parte del funcionamiento del Estado sin garantías básicas”, apuntó uno de los voceros.
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Durante la jornada, también se entregará a los transeúntes un ‘recibo de Nequi’ simbólico, que muestra cuánto dinero recibiría un prestador si esta prima fuera una realidad. Cada recibo incluirá un código QR para firmar la petición en la plataforma digital de presión en www.prestacionconprima.com.
¿Quién respalda esta propuesta?
Este proyecto de ley fue impulsado por un grupo plural de congresistas comprometidos con la dignificación laboral: Angélica Lozano, Olga Lucía Velásquez, Cristian Danilo Avendaño, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilmer Castellanos.
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Además, cuenta con ponentes de diferentes bancadas, lo que, según Jóvenes de Incidir para Existir y El Avispero, demuestra que este no es un tema ideológico, sino de justicia social. Los otros congresistas son: Fabián Díaz Plata, Berenice Bedoya Pérez, Nadia Blel Scaff, Lorena Ríos y Norma Hurtado.
Los organizadores de la actividad recalcaron que esta es una deuda histórica con quienes han sostenido buena parte del funcionamiento del Estado sin garantías mínimas. Por eso, insistieron que no pedimos privilegios, sino justicia laboral.
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